Después de casi 20 días de asueto, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se declaran “listos” para iniciar el 2015 con el desahogo de los temas pendientes de la agenda legislativa, entre ellos, la deuda de estados y municipios, la ley anticorrupción y el impulso a las reformas sobre seguridad y justicia.
El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, anunció que entre los puntos a discutir se encuentran las reformas a los artículos 25, 73, 79, 108, 116, 117 de la Constitución, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.
Se pretende la intervención del Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral, para analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos, y a su vez, emitir la opinión que estimen correspondiente con respecto a un plan de ajuste planteado por un estado al gobierno federal.
Dicha instancia, abundó, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso.
Se busca que el Estado vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, para lo cual, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio, agregó.
Respecto del decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución, y el cual se discute en el Senado, propone establecer el Mando Único Policial Estatal y facultar al Congreso para expedir leyes generales que permitan homologar criterios y procedimientos de la federación con los estados en materia de seguridad pública, así como determinar nuevos tipos penales y que la federación pueda conocer de delitos locales y las autoridades locales de delitos federales.
Asimismo, plantea la posibilidad de que la federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.
Comentó, en este sentido, que “la reciente exoneración de Raúl Salinas de Gortari, que le provocó un daño patrimonial al erario público federal por más de un billón 631 mil 352 millones de pesos; los escándalos de la Casa Blanca y la red de interés construida entre la actual administración federal y el Grupo Higa; son una burla y una evidente muestra de insensibilidad ante la justa indignación ciudadana”.