En el periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de febrero en las cámaras legislativas, las iniciativas de reforma en seguridad, combate a la corrupción y transparencia marcan la agenda del Congreso para el inicio de 2015.
Además, en sus primeros meses las cámaras de Diputados y Senadores deben discutir y votar la ley secundaria de la reforma constitucional en materia de transparencia.
La reforma fue promulgada el 7 de febrero de 2014, cuando empezó a correr un plazo de un año para que ambas cámaras emitieran la reglamentación correspondiente, en la cual se deben fijar las normas para que una institución reserve información por razones de seguridad o interés nacional, entre otros puntos.
Aparte de los temas mencionados, la actual Legislatura -que termina funciones en agosto próximo- tiene pendientes reformas en materia de salario mínimo y reforma política del Distrito Federal, que plantea dar más autonomía a la capital del país y genera divisiones entre las fuerzas políticas.
El primer asunto en la lista de pendientes es el paquete de propuestas que el presidente Enrique Peña Nieto presentó formalmente al Senado el 1 de diciembre para establecer medidas y enfrentar a la delincuencia; tales como desaparecer a las policías municipales -tema que ha generado la mayor tensión entre los legisladores y partidos- para que sus tareas las asuman los gobiernos estatales y permitir la disolución de los ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado.
Las principales bancadas acordaron formar grupos de trabajo que analicen cada punto, realicen audiencias con especialistas durante enero y elaboren un documento común que se discuta y eventualmente vote en el periodo ordinario de sesiones.
También está pendiente que el Senado nombre a los fiscales especiales en materia de anticorrupción y de atención de delitos electorales, respectivamente.
Combate a la corrupción
Otro tema pendiente son las reformas en materia de combate a la corrupción, que tienen dos años sin concretarse, siendo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que ha puesto las mayores trabas en el Congreso de la Unión.
En noviembre de 2012, dos semanas antes de tomar posesión, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa en el Senado de la República para conformar la Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. El compromiso por cumplir número uno en su lista de promesas firmadas ante Notario Público.
Siendo mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI logró la postergación del debate durante un año con un argumento principal: la Comisión debería depender del gobierno federal y ser parte de la Procuraduría General de la República (PGR) sin autonomía constitucional, como lo deseaban los partidos de oposición, el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
A través de los periodos ordinarios de sesiones, el PRI argumentó que la agenda legislativa tenía como prioridades el debate de las once reformas que en los ámbitos Educativo, Energético, Financiero, Fiscal y de Telecomunicaciones, había enviado el presidente de la República.
En diciembre de 2013, luego de un año de negociaciones, el Senado aprobó una reforma constitucional para crear una comisión nacional anticorrupción con facultades de atraer, investigar y sancionar casos de cualquier nivel de gobierno.
Sin embargo, la minuta se atoró en la Cámara de Diputados, donde el PAN propuso otra iniciativa que dejaría de lado esa nueva comisión para fundar un Sistema Nacional Anticorrupción, que implique coordinación entre autoridades y un nuevo tribunal de sanciones.
A finales de noviembre, el presidente Peña Nieto dijo que el PRI apoyaría esta propuesta, pero las principales bancadas no llegaron a acuerdos en San Lázaro, por puntos como si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendría o no facultades.
En ese desacuerdo, los partidos políticos quedaron enfrascados y después de ese año de aletargamiento, el texto fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados para su evaluación. Ahí está desde el 4 de febrero de 2014, en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción, a la espera de que se reanime el debate.
Tema pendiente
Durante todo el 2014, la reforma a diversos artículos a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas estuvo en la mesa de debate de ambas cámaras del Congreso. Fue aprobada en febrero en el Senado y tras 10 meses de discusión se aprobó con cambios en la Cámara de Diputados el 3 de diciembre.
Ahora, legisladores y partidos políticos buscarán que la nueva Ley salga lo antes posible y que ésta se convierta en un instrumento efectivo para combatir este flagelo, a pesar de los obstáculos que la han rodeado, la mayor parte de ellos de tintes políticos y personales.
En tanto que, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y entre los legisladores capitalinos, existe la intención de desahogar cerca de 200 iniciativas pendientes al reanudarse las actividades ordinarias en el cercano 14 de enero. Entre ellas las iniciativas impulsadas por el gobierno del Distrito Federal para desvincular el salario mínimo como unidad de medida para multas y productos fiscales y tener listo un nuevo referente.
Suplentes a la carga
Por otra parte, el Senado de la República podría recibir en los próximos días a cerca de 20 legisladores suplentes, que relevarán a partir del mes de febrero a aquellos senadores que solicitarán licencia para separarse de sus cargos con el fin de buscar la gubernatura de sus respectivas entidades.
El Senado pidió garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular en las presidencias municipales, regidurías y sindicaturas o sus equivalentes en el Distrito Federal para las elecciones de 2015.
En un comunicado informó que lo anterior se expone en un dictamen aprobado por la asamblea, que llama a las legislaturas de los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar vigencia al principio de paridad en las candidaturas.
La desigualdad -a partir de la diferencia de sexos- condiciona la participación política de las mujeres, y a pesar de que existe avance en la materia, no es suficiente para demostrar la presencia femenina en cargos de elección popular en el ámbito municipal, expone el documento.