Para inhibir falsedad en las declaraciones patrimoniales de los 205 mil 320 servidores públicos que están obligados a presentar su declaración de modificación patrimonial, y que la autoridad tenga elementos que permitan corroborar la veracidad de las mismas, será necesario reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
Lo anterior porque hasta el momento, la declaración patrimonial es un “acto de buena fe”, y no hay mecanismos que ofrezca la ley a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para investigar y corroborar la veracidad de los bienes de los servidores públicos.
Por tal motivo, la diputada Leonor Romero Sevilla (PAN) propuso reformas a los artículos 8 y 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el fin de que los servidores públicos presenten la documentación comprobatoria de su declaración, solamente en caso de que sea notificado y requerido por la Secretaría de la Función Pública, derivado de sus planes anuales de auditoría.
Argumentó que la Secretaría podrá llevar a cabo investigaciones, para lo cual presentará ante la Auditoría Superior de la Federación su programa anual de auditorías, el cual incluirá al menos a 1 por ciento de los servidores públicos por fiscalizar.
La declaración de situación patrimonial de los servidores públicos, es la manifestación que se hace respecto de su patrimonio, con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y los egresos.
La declaración tiene como propósito llevar a cabo el registro y seguimiento de la evolución en la situación patrimonial de los servidores públicos, contar con elementos de juicio sobre su razonable evolución y vigilar la actuación honesta y transparente de quienes desempeñan un encargo en la administración pública.