Aunque los actos de corrupción le cuestan al país el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), y éstos lo ubican en el sitio 106 de 177 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), los legisladores del PRI, PAN y PRD aún no se ponen de acuerdo para dar vida a la Comisión Nacional Anticorrupción, añeja promesa del presidente Enrique Peña Nieto para sustituir a la Secretaría de la Función Pública.
Hasta el momento se desconoce una fecha exacta para aprobar una de las reformas más importantes que el jefe del ejecutivo federal presentó desde noviembre del 2012.
Y si bien este es uno de los compromisos primordiales del mandatario, las fracciones en la Cámara de Diputados y el Senado no logran ponerse de acuerdo, y han provocado que esta reforma se haya postergado durante un año con el argumento de que la Comisión debería depender del gobierno federal y ser parte de la Procuraduría General de la República (PGR), sin autonomía constitucional, como lo deseaban los partidos de oposición, el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
Ambos partidos aseguran que el proyecto de dictamen a discusión -que plantea cambios a los artículos 28, 41, 73, 74, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución-, no se pudo aprobar en comisiones, en la recta final del periodo extraordinario de sesiones último, porque la propuesta del PRI -por crear el Sistema Nacional de Integridad Pública, cuyo consejo nacional sería encabezado por el presidente de la Republica e integrado, entre otros servidores por los gobernadores-, carece de legitimidad.
Por todo lo anterior, hasta el momento el tema para crear la Comisión Nacional Anticorrupción está congelado, aunque existe la promesa por parte de los diputados de retomarlo de inmediato en este mes de enero.
Lo anterior se fundamenta con las declaraciones del coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, quien aseguró que “la responsabilidad principal de que la reforma salga es fundamentalmente del PRI y del gobierno federal, porque las propuestas del PAN y PRD son totalmente conciliables y de ahí que apelo a la voluntad política de los priistas para concretar en el tema”, afirmó.
El perredista sentenció que “si el gobierno del PRI está dispuesto a retirar la propuesta del consejo que tenían, y a establecer sanciones duras a la gente que meta mano a los recursos, en mi opinión habrá todas las condiciones para poder rápidamente dictaminarlo en estos días y tenerlo listo para que la primera semana de febrero, iniciando el periodo ordinario siguiente, se discuta y se aprueba.
Creo que deben tomar conciencia que este es un reclamo de la sociedad, de hartazgo respecto al asunto de los niveles de corrupción y deberíamos todos, entre ellos el gobierno y el PRI, aportar para encontrar la solución real para que funcione, no para que sea una solución que al rato no sirva”, expresó.
El diputado hizo alusión a las declaraciones de la senadora Dolores Padierna en relación a que los mexicanos ya están cansados de la corrupción y la impunidad. Año tras año suceden hechos de corrupción y no se sanciona.
Con base en datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cada año se cometen 12 millones de delitos, de los cuales, el 85 por ciento no se denuncian y sólo 120 mil terminan en sentencia y apenas el uno por ciento se castiga.
Resaltó, en este sentido, la necesidad de fortalecer el concepto de los órganos de fiscalización, para lo cual, indicó, la Auditoría Superior de la Federación debe tener la facultad de poder auditar en tiempo real para poder prevenir y evitar el robo del erario o cualquier desvío presupuestal.
Sobre el tema, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, dijo en su momento que "el nuevo modelo anticorrupción tiene que ver con las auditorías que pueden llevarse a cabo antes, durante y después del ejercicio del gasto; hoy solo pueden hacerse después del ejercicio del gasto, de modo que la transparencia, el fortalecimiento de la Auditoría Superior, la desaparición o no de la Función Pública claro que tiene que llevar a un fortalecimiento de este ejercicio", sostuvo.
Presenta PAN propuesta
El caso es que la propuesta del Ejecutivo que promete terminar con los hechos históricos relacionados con la corrupción en México, si bien fue aprobada y enviada a la Cámara de Diputados para su evaluación, permanece en la “congeladora” desde el 4 de febrero de 2014, en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción.
Inclusive el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, presentó un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en octubre del año pasado.
Paralelo a este anunció, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, recordó que la iniciativa del Presidente de México había sido crear la Comisión Nacional Anticorrupción y enfatizó que la propuesta del PAN venía a “enriquecerla” y que era bienvenida.
Sin embargo, y ante el escándalo que representó la “casa blanca”, y la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro, el PRI sorprendió con una propuesta alterna –de un Sistema Nacional de Integridad Pública– e hizo el intento para que en comisiones transitara un proyecto de dictamen que diluía el modelo panista, pues restaba independencia y facultades a los órganos anticorrupción, lo que provoco el descontento del PAN y el PRD, quienes determinaron retirarse de las negociaciones y mantenerse al margen hasta que el tricolor se abstuviera de su propuesta.
Siguen casos de corrupción
En 2012, cuando Enrique Peña Nieto resultó candidato electo expuso que la corrupción era el tercer problema que más preocupaba a los mexicanos, y que los otros temas eran la violencia y la pobreza.
Cabe destacar que en el 2012, México ocupaba el sitio 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI). En la actualidad nuestro país ha logrado alcanzar el sitio 106 de 177 naciones en la misma lista.
En Latinoamérica, México es el país más corrupto, un sitio que comparte con Argentina, según el Barómetro Global, otro indicador de TI. Este índice ofrece una advertencia de la continuidad del abuso del poder, tratos secretos y el soborno en las sociedades de todo el mundo. Los partidos políticos, así como sus representantes y la policía son los que la sociedad percibe como más corruptos.
A pesar de que estas cifras han empañado la imagen de México a nivel internacional, los escándalos siguen. El caso más reciente fue el de Heliodoro Díaz Escárraga, quien se desempeñaba como coordinador de la zona sur del Infonavit.
Quien fuera presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, secretario general del gobierno de Oaxaca y presidente del PRI en esa entidad, publicó en Facebook que le regaló un Porsche Cayman, color amarillo, de más de un millón de pesos a su hijo homónimo, quien fungía como subdirector jurídico corporativo de Liconsa.
Pero el caso que más escándalo provocó fue el de la “Casa Blanca”, de 86 millones de pesos que está a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, empresa beneficiaria de los contratos de infraestructura del gobierno federal, y que habitaba la esposa del Presidente.
Este hecho también coincidió con el de Raúl Salinas de Gortari, quien a finales del 2014 fue exonerado de cargos por enriquecimiento ilícito, y se ordenó que le fueran devueltos 19 millones de dólares repartidos en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades.
Otro hecho más de corrupción fue ocurrido en 2013, cuando el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue detenido por malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero.
En una conversación filtrada a los medios de comunicación, se jactaba de atesorar 400 pares de zapatos, 300 trajes y mil camisas compradas en tiendas de lujo de Nueva York y Los Ángeles.
Y no podía faltar el caso de Carlos Romero Deschamps, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien ejerce su vida pública como senador priista bajo la sombra de la sospecha de enriquecimiento ilícito.
En ese contexto se pueden dar casos como el de Noé Miguel Marín Noriega, ex titular de la Secretaría de Administración del municipio El Marqués, en Querétaro, quien fue grabado exigiendo “moches” a cambio de contratos con el gobierno local; o que el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, posea una colección de relojes de lujo.
Después del escándalo, el PAN insistió en la aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción que sea eficaz, y que le otorgue a los mexicanos certeza de que se castigará a quienes cometan actos de corrupción, pero hasta el momento no se ha tenido ningún resultado.