En el enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, ocurrido el 30 de junio del año pasado, el Gobierno reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen cometidos por elementos de la Procuraduría de Justicia de esa entidad.
Así lo señala en un informe preliminar el grupo de trabajo legislativo que coadyuva en la investigación del caso y difundido por la bancada del PRD.
Se señala, además, que “hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas”.
Destaca que las acciones letales por parte del Ejército “se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal”.
El informe señala que “el mayor impedimento para determinar las circunstancias de los homicidios se encuentra en la alteración de vestigios y del lugar de los delitos por parte de elementos militares y, presumiblemente, de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”.
La falta de información documental por parte de las instituciones a las que se les ha solicitado formalmente es el principal impedimento para presentar elementos conclusivos sobre el caso Tlatlaya, se afirma.
El grupo de trabajo legislativo que coadyuva en la investigación del tema, dio a conocer que se mantendrá a la espera de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) concluyan con la integración de la información que se les solicitó, para, una vez analizada, llegar a conclusiones preliminares sobre el asunto.
Agrega que, para el esclarecimiento de los hechos, buscarán reunirse con víctimas del caso, representantes del gobierno del Estado de México, el Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de reunir mayor información sobre el caso.
Considera también que, la aceptación de la recomendación 21/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de la PGR, la Sedena y el gobierno del Estado de México, “significa que el Estado reconoce la presencia de actos de tortura”-
Indica que “el caso Tlatlaya es grave y paradigmático, que revela ciertos patrones de violaciones a derechos humanos que deben atenderse para su erradicación”.
Finalmente, destaca que el esclarecimiento de los hechos debe tener como consecuencia necesaria acciones por parte del Estado en su conjunto para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos.