Los presidente de la Asociación México SOS, Alejandro Martí y de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, refutaron los logros expuestos por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad afirmando que las instituciones no pueden poner orden a la delincuencia.
Al encabezar el Foro Nacional Equidad para las Víctimas del debido Proceso Penal, los también empresarios, expusieron severas deficiencias en el nuevo modelo de implementación de justicia, afirmando que este privilegia al delincuente y no a la víctima.
En un hotel de Paseo de la Reforma, Alejandro Martí dijo que las instituciones van en caída libre debido a que estas no pueden poner orden las más de 470 cárceles estatales y municipales que son cuna de delitos como el secuestro y la extorsión.
Por lo tanto, le solicitó al gobierno Federal que en 90 días hábiles libere los recursos necesarios para apoyar a las víctimas desde el inicio el proceso hasta que se dicte sentencia después de que sufran un delito, en caso de lo contrario que se les repare el daño.
Afirmó que el 90%de las extorsiones telefónicas tienen su origen en los centros penitenciarios, tres de cada diez secuestros se planean desde las prisiones y en más de seis de cada diez existe co-gobierno y autogobierno, situación que no se ha controlado.
Alejandro Martí, recordó a las autoridades presentes que tienen la oportunidad de recuperar la confianza de la ciudadanía, afirmando que solo se logrará venciendo la inseguridad y por supuesto la criminalidad.
“Existe la oportunidad de crecernos ante la adversidad para lograr el México anhelado, sin fantasías mesiánicas, con un crecimiento sólido en lo intelectual, moral y económico, fórmula inequívoca para crecer como nación”, recalcó.
Mejorar el Sistema de Justicia Penal
Sin tapujos y olvidando su afiliación política, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace dijo que las críticas que realizan las organizaciones sociales no son para lamentarse, sino para elaborar propuestas que permitan mejorar el sistema de justicia penal para que sean entregadas al Congreso de la Unión.
Por lo tanto, le pidió al primer mandatario de la nación que busque los mecanismos para acelerar los pagos a las víctimas de un delito, por lo que propuso modificar la ley para que las víctimas puedan obtener una compensación y ayuda que marca la Ley General de Atención a Víctimas sin los enredos burocráticos.
Reconoció que no se ha podido concretar una sola compensación porque la ley marca que es hasta la sentencia, quitándole a miles de víctimas la posibilidad de recuperar aunque sea en poco lo perdido al sufrir un delito.