La intervención federal por filtración del crimen organizado en municipios, propuesta en la reforma en seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, fue tema de debate en el Senado entre Tomás Zerón de Lucio, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República; Giovanni Tartaglia Polcini, fiscal italiano; Eruviel
Tirado, especialista; y Juan Marcos Gutiérrez, ex funcionario.
El primer ponente fue Eruviel Tirado, quien dijo que modificar la ley tal como se pretende, representa una contrarreforma.
Añadió que la discusión de cómo intervenir un municipio, más tarde podría traer como consecuencia la formulación de esquemas de intervención de estados, pues no están exentos a la corrupción. Hizo énfasis en que atacar la criminalidad a nivel municipal no dará a mediano plazo un control de la crisis que vive el país en materia de seguridad.
Juan Marco Gutiérrez también consideró que la propuesta del ejecutivo federal debe ser modificada, pues tal como está, representa una marcha preocupante hacia un plano de centralismo, y mediante una idea generalizada de un presunto mal desempeño de los municipios.
Abundó en que no hace falta esta reforma, pues en el artículo 115 constitucional existen mecanismos suficientes para desintegrar un ayuntamiento, y que el Congreso de la Unión nombre a uno de sus integrantes como encargado; por lo que se debería modificar el artículo antes citado, en lugar de cambios que alteren la esencia del modelo federal del país.
Por su parte, Giovanni Tartaglia Polcini dejo en claro que no tenía una opinión sobre la iniciativa del presidente de la República, pero habló sobre la experiencia que han tenido en su país al intervenir cabildos mediante una legislación denominada “De emergencia”.
Dijo que en Italia, la disolución de cabildos por infiltración de la mafia no tiene que nada que ver con procesos implicados a órganos jurisdiccionales, sino que se maneja como un instrumento preventivo de combate al crimen. Detalló que hasta el momento, después de 25 años de implementar este modelo, de más de mil municipios en su país, hasta ahora sólo se han intervenido 260.
Señaló que ese instrumento se ha manejado de manera proactiva y no de modo punitivo, por lo que el sistema de disolución de cabildos funcionó, con la aplicación de otras medidas, porque solo no hubiera podido destruir el cacicazgo que habían alcanzado organizaciones criminales, como la que se había apoderado de Sicilia.
En ese sentido opinó Tomás Zerón, quien dijo que la iniciativa del ejecutivo federal no busca debilitar a los municipios, sino fortalecerlos, mediante el combate al crimen organizado, con la creación de un nuevo sistema policial que permite que los elementos estén más cerca de la ciudadanía.
Explicó que la iniciativa contempla la disolución de municipios sólo cuando haya indicios suficientes de que está infiltrado por el crimen organizado; y así impide que las autoridades municipales “pongan pretextos para enfrentar la delincuencia”.
Añadió que se plantea dotar de recursos a los cuerpos policiacos para que se les paguen buenos salarios y prestaciones a los policías, para terminar con el problema de recursos y la tentación de ser corrompidos, y además, de esta manera, ofrecer un proyecto de vida a los policías.