Las fracciones del PAN y PRD en la Cámara de Diputados demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) encontrar a los responsables de la muerte de los estudiantes de Iguala, Guerrero, porque aseguraron que este caso además de ser “doloroso, ha lastimado y enlutado al país entero”.
Por separado, el presidente de la Comisión Permanente, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que la verdad jurídica dada a conocer ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a la desaparición y muerte de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no significa renunciar a la exigencia de justicia en ese caso.
“Conocimos ayer la verdad jurídica de la PGR, que de acuerdo a los elementos de que dispone ha dado una conclusión, pero nosotros no debemos renunciar, de ninguna manera, a seguir exigiendo que se haga justicia”, dijo el diputado en rueda de prensa previa al inicio de la sesión de este miércoles.
Por su parre, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, consideró que el Poder Judicial de la Federación tendrá la última palabra sobre el caso de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, pero la solución de fondo será la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El líder parlamentario del PAN señaló que “el Poder Judicial de la Federación es el que tendrá la última palabra, el asunto no está cerrado, la Procuraduría General de la República investiga, el Poder Judicial de la Federación juzga”.
Sin embargo, sostuvo que “más allá de la verdad histórica, la verdad política, la verdad incuestionable, es que detrás del trágico acontecimiento, hay complicidad de autoridades con criminales. Hay actos de la más despreciable corrupción, la que cuesta vidas humanas”.
Por lo tanto –agregó- “la solución de fondo no es una simple sentencia penal, la solución de fondo es un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción, porque el origen de esta tragedia es justamente la corrupción de las autoridades”.
Como se recordará la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó ayer martes que hay certeza legal que los 43 estudiantes fueron privados de la libertad el pasado 26 de febrero en Iguala, Guerrero, calcinados y sus restos arrojados al Río San Juan, en el municipio de Cocula. Están detenidas 99 personas y varias siguen prófugas.