La desaparición y muerte de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, son el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones, denunció el presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, al tiempo de hacer un
llamado a “desmontar ese entramado perverso de complicidades y conclusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Consideró que las investigaciones de este caso, no podrán concluir hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos, porque es un hecho que “Indigna, agravia a todos los mexicanos y obliga a buscar la verdad”, apuntó.
Comentó que este hecho “nos obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho”
Estos casos, dijo, son muestra de que el país atraviesa por circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos de Iguala y Tlatlaya, y clama por una convivencia en paz y seguridad, con instituciones democráticas.
Al presentar el informe anual de las actividades de la CNDH, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez insistió en que en México se vive una situación de “reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana”.
Dejo en claro que “Los hechos de Iguala son el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones”, subrayó.
COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA
Raúl González Pérez, comentó ante diputados que en el nuevo enfoque para recuperar su esencia y volver a sus orígenes, exhortó al Ejecutivo federal a que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para admitir peticiones individuales.
Se hizo un llamado al Poder Legislativo a realizar las reformas pertinentes a fin de aprobar una Ley General en materia de desaparición forzada, que incluya la adecuación del tipo penal a los estándares internacionales, así como la obligación de implementar políticas públicas y protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas.
Finalmente dijo que su transcendencia, después de un hecho tan deplorable como el de Iguala, “marca un antes y un después en la vida de México y la propia Comisión Nacional no puede seguir siendo la misma después de estos hechos”.