La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde hace tiempo alertó al gobierno mexicano de que la intervención federal en los municipios tiene “graves riesgos” por la sospecha de filtración del crimen organizado en las autoridades, a la vez que expuso que la medida podría ir en detrimento del municipio por ser “el anillo más débil de la administración del poder estatal”.
Al pedir observar este problema desde una óptica represiva, Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito, señaló la urgencia de arrebatar al crimen organizado los espacios territoriales que ya controla.
Sin embargo, apoya la intervención de la Federación en los municipios de México infiltrados por el crimen organizado, siempre y cuando la medida sea preventiva, respalde la corresponsabilidad entre los niveles de gobierno, responda a criterios de urgencia y sea temporal.
Mazzitelli, advirtie que la propuesta presidencial no debe ser considerada la "panacea de plata" de los problemas que se viven en México.
Alerta de la preocupación que se tiene por la infiltración progresiva y silenciosa del crimen en el ámbito local, lo que genera, dijo, dos tipologías de costos. El primero es relativo a los costos directos pagados por los ciudadanos por los servicios de mala calidad que ofrece el municipio y el segundo tiene que ver con los costos indirectos en términos de libertades políticas y falta de credibilidad en las instituciones.
"Seguramente, la posibilidad de intervenir de manera preventiva a nivel de la junta puede acrecentar un instrumento eficiente, eficaz y sobre todo garantista que pueda romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción que progresivamente acaba el Estado de Derecho a nivel del territorio", expresó
Control del narco en Guerrero y Edomex
Ejemplo de lo dicho por el representante del organismo internacional, es que el gobierno de la República recién asumió el control de la seguridad en 13 municipios de Guerrero y el Estado de México, debido a que el crimen organizado impuso a los jefes de la policía y dictaba los operativos que se tenían que llevar a cabo.
Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, en su momento expuso ante senadores que en las alcaldías intervenidas por la Federación se corroboró la participación con el crimen organizado por parte de funcionarios locales, además de policías y jefes de seguridad; no obstante, la investigación en su contra ha sido lenta, toda vez que no se quiere caer en el error de consignar a "presuntos culpables", como sucedió en administraciones pasadas.
"Las investigaciones criminales se están llevando un tiempo, las están haciendo no sólo la Procuraduría sino todos los órdenes de gobierno que se encargan de la seguridad. Esta investigación no ha sido inmediata, nos está llevando tiempo encontrar los elementos para que los jueces liberen las órdenes de aprehensión, para que los jueces nos den los autos de formal prisión", expuso el funcionario.
Explicó que se han girado un número importante de órdenes de aprehensión para secretarios de Seguridad Pública, policías y otros ex funcionarios, pues no sólo hay indicios sino elementos jurídicos que los inculpan y que están basados en extorsiones, cobros de piso, secuestros y algunos homicidios.
Cabe recordar que aparte de Iguala y Cocula, los 13 municipios intervenidos por las fuerzas armadas recientemente son Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero, así como Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.
Por otro lado, en el caso de Iguala por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se tiene identificada la participación de diversos funcionarios.
"Sobre todos ellos hemos girado una cantidad impresionante de localizaciones, con el hecho de poder esclarecer totalmente este evento y con la finalidad de que puedan aportar los elementos necesarios para tener el panorama completo, el panorama total y evitar lo que ha pasado en anteriores gobiernos, que podamos tener un presunto culpable. Aquí, de toda la gente que hoy tenemos consignada está plenamente acreditada su participación en todos esos eventos", aclaró.
Además, dijo el funcionario, que si antes de las elecciones de junio próximo no se aprueba la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el presidente Peña Nieto, el gobernador interino de Guerrero va a tener que prestar especial atención a los comicios, porque va a llegar un momento en que las fuerzas federales van a retirarse.
Combate a violencia e inseguridad
Como se recordara, las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República analizan las iniciativas del presidente Peña que forman parte de su decálogo para combatir la violencia y la inseguridad.
Entre sus propuestas esta la desaparición de las policías municipales y crear corporaciones policiacas estatales, así como la posibilidad de desaparecer las funciones de la autoridad municipal cuando sea infiltrada por el crimen organizado.
Para justificar la medida el gobierno federal asegura que la mayoría de las policías municipales están cooptadas por la delincuencia organizada; hay 600 municipios que no tienen una corporación policial propia; el 86% cuentan con menos de 100 elementos; y en alrededor de mil 100 municipios hay un promedio de 12 elementos de policía.
Según el texto enviado al Congreso, las policías municipales tienen un bajo nivel educativo: más del 60% están conformados por analfabetas, por elementos con educación básica o máximo secundaria, con bajísimas remuneraciones que no alcanzan para sostener a una familia y sí son un incentivo para la corrupción.