Antes de que terminara el 2014, el Comité Directivo Regional (CDR) del Partido Acción nacional (PAN) en el Distrito Federal aprobó por unanimidad declarar la baja de seis mil 366 militantes una vez que se comprobó su afiliación a otros partidos políticos, principalmente al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El proceso se realizó de la siguiente manera: los días 20, 21 y 22 de diciembre el CDR notificó en el domicilio a los afectados el inicio del procedimiento de baja, contando con tres días hábiles para acudir a las instalaciones del partido a argumentar su situación partidista.
El 29 de diciembre concluyó el plazo para acudir y manifestar por escrito su interés por mantener la militancia panista, lo cual significaba también renunciar a la militancia de cualquier otro partido.
Concluido el plazo, el CEN del PAN ya tiene en sus manos la solicitud para expulsar a 6 mil 366 militantes en el Distrito Federal que están afiliados a otros partidos políticos.
También investiga quién es el responsable de haber autorizado esta irregularidad, confirmó José Isabel Trejo Reyes, secretario general del albiazul.
Fuentes en el CEN del PAN revelaron que existe la sospecha, en el máximo órgano de dirección panista, que los militantes con doble cachucha son resultado de un acuerdo político entre el ex Senador albiazul Santiago Creel Miranda y el secretario de Gobierno del Distrito Federal, el perredista Héctor Serrano Cortés.
Sospecha que se aviva con la negativa de María del Carmen Segura Rangel, directora del Registro Nacional de Miembros (RNM) del PAN, para expulsar a los militantes irregulares por estar afiliados a otros partidos políticos, principalmente al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Segura Rangel es identificada como integrante del grupo político de Creel Miranda. Fungió como coordinadora de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) cuando Santiago Creel era titular de la dependencia.
Posteriormente fue destituida del cargo al ser vinculada con la acusación de haber realizado compras de botas e impermeables con un sobreprecio de hasta 4 millones de pesos, con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2002.
Segura Rangel fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ejercer cualquier cargo público por 10 años y sancionada con una multa por más de 1 millón 772 mil pesos. Sin embargo fue absuelta de las acusaciones en su contra en marzo de 2009, y no tuvo que pagar la multa.
En junio de 2014, Carmen Segura Rangel fue invitada por el líder nacional del albiazul, Gustavo Madero Muñoz, para ocupar la dirección del Registro Nacional de Miembros.
El caso de los militantes panistas con afiliación en el PRD fue destapado a finales del año pasado por el Comité Directivo Regional (CDR) del PAN en la Ciudad de México, tras realizar una serie de auditorías a su militancia.
Esta instancia aprobó un acuerdo para expulsar a más de seis mil militantes por estar afiliados a otros partidos políticos.
El 5 de enero, el CDR notificó su decisión al Registro Nacional de Miembros (RNM) cuyo titular es María del Carmen Segura Rangel, pero esta instancia se negó a realizar la expulsión de los militantes con “doble cachucha”.
Ante esto, Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN en el DF, envió una solicitud por escrito al CEN panista para pedir que se revisara el “veto ilegal” que había realizado el organismo a cargo de Segura Rangel.
El secretario general del Partido Acción Nacional, José Isabel Trejo Reyes, explicó que la dirigencia nacional estudia el caso son mucho cuidado, pues no pretende dañar los derechos partidistas de ciudadanos que realmente quieren militar en el PAN.
El panista detalló que el proceso de depuración debe ser pulcro y completamente apegado a la ley electoral, ya que actualmente la Constitución garantiza el acceso de cualquier militante a los partidos políticos.
Explicó que en caso de que de forma equivocada se limiten los derechos de un ciudadano, podría generarse una serie de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo que mandataría restituir los derechos ciudadanos de militar en un partido Político.
“Entonces no es tan fácil, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de quitar un militante del padrón. Cualquier militante se puede ir [a inconformar] al Tribunal [Electoral] y al rato nosotros vamos a estar perdiendo juicios por no garantizar al ciudadano su estancia en el partido”, afirmó también diputado panista.
José Isabel Trejo expuso que el tema se discute en el CEN del PAN sin ánimos políticos, pero aclaró que la investigación se realizará hasta donde sea necesario para aclarar la situación.
“El tema lo estamos discutiendo bien, en serio, no podemos afectar a ningún solo ciudadano, seis mil es una cantidad respetable [de personas], pero si usted tiene 200 o 300 gentes que están muy bien, pues tampoco los pueden quitar, verdad”, apuntó.
Sin embrago, señaló que aunque seis mil personas es un número considerable son una minoría respecto de los aproximadamente 400 mil afiliados que tiene el partido y muy pocos frente a los 87 millones de electores en todo el país.