Las reformas a leyes de transparencia se ubicaron en un compás de espera en el Senado, ante la falta de acuerdo entre legisladores en diversos aspectos. Las reformas contemplan la aprobación de una nueva Ley General de Transparencia que sustituiría al actual marco legal y homologaría las legislaciones estatales en este rubro.
En entrevista el senador Armando Ríos Píter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), opinó que el PRI pretende realizar más de 80 modificaciones al proyecto original y con ello establecer un marco legal restrictivo en materia de transparencia.
“Un planteamiento de alrededor de 80 modificaciones que tienen un claro tinte regresivo respecto a lo que se había venido avanzando, porque van en contra de muchos avances que el propio espíritu de la reforma constitucional tenía y si no se frenan se estaría aprobando una enorme limitación a los avances en materia de transparencia”, apuntó.
A su vez la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendió su postura y aseguró que lo único que se busca es definir la figura que tendría la autoridad encargada de investigar y hacer pública la información.
Al respecto la senadora Arely Gómez, del PRI, expuso que en el tema de fideicomisos lo único que se está tratando es determinar “quién va a ser el responsable de la información”. “No se propone eliminarlos, tenemos que atenernos, si algo nos caracteriza como legisladores es el apego a la Constitución y aquí el tema es quién va a dar la información”, apuntó.
El senador Alejandro Encinas opinó que se busca limitar la transparencia. “Quieren que toda la información vinculada con violación a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y combate a la corrupción no pueda ser dada a conocer sino hasta que la autoridad resuelva en la materia”.
“Al mismo tiempo quieren permitirse ampliar los plazos de reserva de información y hacer prórrogas consecutivas, con lo cual algunos temas prácticamente se mantendrían reservados a lo largo del tiempo”, agregó.
El presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, Pablo Escudero, rechazó dichos señalamientos y dijo que es falso que en temas como en violaciones de los derechos humanos se quieran cerrar los expedientes.
“Nadie quiere cerrar ningún expediente, lo que queremos es justamente revisar los criterios, las discusiones que ya se dieron en el IFAI”, apuntó el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Muchos senadores quisieran que esto pasara de fast track. No cuenten con nosotros para eso, nosotros estamos haciendo un trabajo técnico jurídico a la altura que demanda, nosotros estamos preocupados y no queremos que queden vacíos”, puntualizó.