El Senado aprobó la Ley de disciplina fiscal, una reforma constitucional que acota el endeudamiento de estados y municipios, luego de dos años de “peloteo de una cámara a otra del Congreso.
Fue la quinta vez que se discutió ante el pleno del Senado, ya que una vez fue desechada en San Lázaro y vuelta a presentar, pero hoy quedó firme y luego de su aprobación por el pleno senatorial, pasó a los congresos de los estados para su promulgación.
En tribuna, perredistas y panistas destacaron que se trata de un problema que urgía resolver. El senador Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD, hizo notar que de 2007 a la fecha se cuadruplicó el endeudamiento de estados y municipios, al pasar de 186 mil millones a 509 mil millones de pesos al cierre del 2014, sin que ello se haya reflejado en obras o bienestar para la población.
La reforma se aprobó con 89 votos a favor y siete en contra, estos últimos de los senadores del PT y el perredista Mario Delgado, quién consideraron que de nada valdrá la legislación, ya que las autoridades hacendarias y los congresos locales permiten que se violen las normas para favorecer a los gobiernos del partido en el poder.
Sin embargo, el priísta José Francisco Yunes, presidente de la Secretaría de Hacienda, recalcó que con esas reformas “se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible, transparente y productivo de las finanzas públicas en la federación, pero también en los estados, también en los municipios y también en el Distrito Federal”.
Hizo notar que la deuda agregada en los niveles de gobierno estatal y municipal, tiene un equivalente al 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, (PIB), y un endeudamiento que no se maneje con eso criterios de responsabilidad, que rompen con la magnitud y que no responden a principios de solvencia, pueden generar un esquema de complicación para el presente y para el futuro.
Por su parte, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, dijo que se trata de una reforma “antifederalista”, que no toma en cuenta “la desigualdad presupuestal entre la federación y los estados”. A la primera, señaló, se destinan el 80 por ciento de los recursos fiscales y a las entidades y municipios, el 20 por ciento restante.
Esa concentración de recursos en el ejecutivo federal, recalcó, da al Presidente de la República “un poder absoluto”.