La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas inconsistencias financieras en la fiscalización al gasto de la Cuenta Pública 2013, es decir; el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, reportadas en 14 auditorías forenses, que apuntan a presuntos desvíos de recursos en materia de educación, sector social, agropecuario y agrario.
El monto de las probables irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2013 podrían ascender a más de 50 mil millones de pesos, dijo el auditor superior Juan Manuel Portal Martínez en el informe que consta de 230 páginas y se indica que dichas auditorías forenses podrían derivar en denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El documento se entregó a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, y el auditor superior, indicó que las denuncias, además de que podrían ser a servidores públicos, también serían a particulares involucrados en la contratación de terceros para dichas acciones de gobierno.
“Iría sobre recursos que se utilizaron para la contratación de terceros, y las denuncias pueden ser no únicamente contra servidores públicos sino más bien contra quienes hicieron uso del recurso y pueden ser privados”, señaló.
Planteó a los diputados federales que en la realización de la revisión de esta cuenta pública la ASF obtuvo recuperaciones por cinco mil 804 millones de pesos, cifra que podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones correspondientes al monto denominado “recuperaciones probables”, que asciende a 50 mil 721 millones de pesos.
Los funcionarios federales tienen un plazo de 30 días para solventar las observaciones, a partir de que son notificados por este órgano de fiscalización que depende de la Cámara de Diputados.
Los diputados que integran la Comisión de Vigilancia, que preside el perredista José Luis Muñoz Soria, analizarán la información que entregó el auditor superior rubro por rubro.
En las posturas de los diputados federales en la sesión en la que se entregó el informe se destacó como principal tema la necesidad urgente de fortalecer al órgano fiscalizador y la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, para hacer más eficiente la transparencia y la rendición de cuentas.
EL INFORME
El informe integrado por mil 402 revisiones, detectó irregularidades sobre 50 mil 721 millones de pesos, de los que ya se recuperaron 5 mil 804 mdp.
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se identificaron 13 áreas de riesgo de impacto y representatividad en el sector público y se obtuvieron recuperaciones por cinco mil 804 millones de pesos, afirmó Portal Martínez.
Precisó que la cifra de recuperaciones podría elevarse durante el proceso de solventación de acciones correspondientes al monto denominado “recuperaciones probables”, que asciende a 50 mil 721 millones de pesos.
Durante la entrega-recepción del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013 (IRFSCP), primer año de la presente administración, en San Lázaro, el auditor precisó que incluye un total de mil 413 revisiones individuales.
Estas revisiones están conformadas por 877 auditorías de cumplimiento financiero, 525 auditorías de desempeño, ocho evaluaciones a políticas públicas y tres estudios.
Portal Martínez detalló que las áreas de riesgo se ubicaron en: integridad gubernamental, cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; rendición de cuentas en entidades federativas; padrón de beneficiarios de programas sociales; revelación de pasivos y gasto; e integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de programas públicos.
También en adquisiciones y contrataciones o inversiones, que cumplen con la norma, pero que no representan las mejores condiciones para el Estado; en proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; y en la participación de intermediarios en la dispersión del gasto público.
El funcionario expuso que también se detectaron riesgos en subejercicios, incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental, programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados, y servicios suministrados por particulares.
Portal Martínez señaló que en el informe general se incluyeron cifras oficiales de auditorías y estudios relacionados con la problemática específica de cada una de las áreas de riesgo.
Expuso que derivado de la fiscalización también se emitieron 10 mil 861 acciones, de las cuales seis mil 902 son recomendaciones, 783 solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de comprobación fiscal, mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA) comentó que la desconfianza por parte de la ciudadanía, “debemos de reconocerlo”, deriva de la falta de percepción generalizada de que corrupción y México requiere de un sistema fiscalizador eficiente.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) sostuvo que. a pesar del avance que existe en materia de fiscalización de recursos federales, aún hay mucho por hacer, ya que los ordenamientos jurídicos nacionales se contravienen con normas internacionales.