En las oficinas del Senado se reporta la desaparición de objetos personales, teléfonos celulares, tablets y dinero de los legisladores, pero por “diversas situaciones” las costosas cámaras de seguridad no registran imágenes que puedan servir como
evidencia para esclarecer los hechos. A pesar de que el asunto llegó a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, presididas por los senadores Miguel Barbosa, del PRD, y Emilio Gamboa, del PRI, respectivamente, éstos hicieron caso omiso.
Los presuntos robos fueron reportados con Isidoro González, jefe de Resguardo Parlamentario, y quedaron asentado en la bitácora en la que se registra el parte informativo de novedades de este servicio interno de seguridad. Sin embargo también han sido pasados por alto.
Fuentes que pidieron no revelar su identidad por cuestiones obvias de seguridad, señalaron que esta “complicidad” y “encubrimiento” de los hechos son las mismas con la que “se operan cuestiones más delicadas aún, de espionaje, seguridad y resguardo del recinto, dentro de lo que van incluidos los senadores y sus oficinas”.
En el nuevo recinto legislativo, hay al menos una docena de casos sin resolver, como el de la senadora Layda Sansores Sanromán, del PT, a quien le sustrajeron dinero y un teléfono celular; o el del senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, presidente de la Comisión de Justicia, a quien le sustrajeron un “i-phone”, vales de gasolina cuyo monto no fue especificado, y algunos objetos personales. En ambos casos presuntamente alguien entró a sus oficinas justo cuando se ausentaron y no hubo posteriormente ningún registro en video que les pudiera decir quién había entrado durante su ausencia.
En la sala de prensa del Senado, ubicada en el sótano dos, en varias ocasiones también han desaparecido celulares y pertenencias diversas de los reporteros que cubren la fuente informativa, sin que exista una grabación a la mano para verificar los hechos.
Destaca que al momento de solicitar las grabaciones del Circuito Cerrado de Televisión para esclarecer la situación, los responsables de la seguridad y en particular el encargado del Circuito Cerrado de Televisión del Senado, Christian Ornelas, han negado el material, argumentando diferentes motivos.
También llama la atención que al tratarse de un robo coincide con que no funcionan las cámaras o por algún otro motivo no se puede cumplir con una función por la que el Senado paga con recursos de los mexicanos: el servicio de seguridad interna con circuito cerrado de televisión.
Hoy se sabe que esto en gran medida se debe a que de las 850 cámaras de seguridad que deberían operar en el Senado, únicamente funcionan alrededor de 250, el 30 por ciento. Menos de la tercera parte. Incluso fue revelado que en varios de los espacios que se pueden ubicar a simple vista en el techo, destinados para las cámaras de seguridad, ni siquiera hay cámaras. La empresa encargada de la instalación del circuito cerrado, únicamente entregó la obra con las burbujas de cristal ahumado en cuyo interior se supondría la instalación del dispositivo de video. Sin embargo no hay cámara y en casos tampoco el cableado necesario.
El Senado pagó por una obra completa que le fue entregada a menos de la mitad de su capacidad, y continua pagando por un servicio que no le puede ser proporcionado a cabalidad como fue diseñado en un principio. El Senado tiene conocimiento del caso. Lo que habrá que definir es si continua pagando el mismo precio por un servicio que recibe incompleto.
Con menos de la tercera parte de las cámaras de seguridad que deberían estar operando, es que se maneja la seguridad en el Senado. Lo cual es alarmante con los antecedentes que se tienen de infiltración de grupos delincuenciales a las instalaciones de esta Cámara, como fue el caso de “Los Caballeros Templarios” en el mes de octubre de 2013.
Aunado a esto, las cámaras de seguridad del Senado no han recibido mantenimiento prácticamente desde el inicio. Por qué, no se sabe. Sin embargo actualmente ya se evalúa la posibilidad de una reingeniería en el sistema de seguridad de la Cámara de Senadores con su consiguiente “reparación” y/o renovación de cámaras, para ver si así cesan los robos.
Una de las líneas que se analiza es la creación de un órgano de seguridad interna autónomo, para fortalecer el que actualmente hay, sin embargo en las condiciones en que se encuentra el que opera en el presente, su efectividad y legitimidad se ven afectadas de antemano.