Ante la crisis de Petróleos Mexicanos y la prolongada reestructura de la ex paraestatal, ya comenzó el despido generalizado de empleados y trabajadores con más antigüedad violentando leyes y reglamentos e incluso por encima del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana.
Una incertidumbre es la que viven trabajadores petroleros por sus derechos laborales, ante las contradicciones entre la Ley de Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Petróleos Mexicanos, pues la primera establece que con la entrada en vigor de la Reforma Energética establece que sus prestaciones serán conservadas y la segunda, que éstas deberán establecer de común acuerdo con el sindicato y Pemex.
De acuerdo con Abel Jiménez Hernández, abogado de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), el panorama se torna difícil para los empleados, debido a que las disposiciones establecidas por la Ley de Pemex trasgrede la ley, ya que una autoridad no debe establecer cómo deben ser las relaciones laborales entre una empresa y su personal.
“A pesar de que en la Reforma Energética del 20 de diciembre de 2013, ellos en el segundo (artículo) transitorio, afirmaban y dejaron establecido de que no existiría ninguna afectación a la plantilla, a las prestaciones, a las jubilaciones y pensiones de los trabajadores petroleros; y después en el transitorio noveno de la Ley de Pemex, también incluye esa situación, ese acuerdo se estableció en la reforma constitucional y también en la ley de Pemex”.
“Pero de una manera contradictoria en el tercer transitorio de la Ley de Responsabilidad Hacendaria ya asentaban esto: el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de pensiones y jubilaciones del curso de pago, así como las que correspondan a trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, expresó el abogado de los petroleros.
Jiménez Hernández añadió que a la entrada en vigor de dicho acuerdo, registradas en los estados financieros conforme a las estipulaciones contractuales vigentes, lo cual se llevará a cabo “siempre que dentro de un año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios”. Asimismo, la Ley de Responsabilidad Hacendaria obligará al sindicato y a Pemex a modificar el reglamento de trabajo del personal de confianza y subsidiarios para iniciar un programa de austeridad en gastos, mientras que estas modificaciones deberán realizarse sin tomar en cuenta el reconocimiento de obligación del pago de las pensiones y jubilaciones retenidas por parte del gobierno federal, que a mediano plazo deberán reducirse, siempre y cuando se haga un acuerdo entre la exparaestatal y la agrupación.
“Estamos ahora en esta encrucijada en la que por otra parte se promete en la reforma constitucional que no se van a tocar los derechos de los trabajadores… pero en la ley secundaria se confirma que serían intocables, por sentido común es evidente que hay una grave contradicción del gobierno”, puntualizó Abel Jiménez, quien añadió que ante esto se vive una reexpropiación petrolera y que persisten amenazas de despidos sin derecho las prestaciones que la ley establece por las liquidaciones, sobre todo hacia trabajadores que son recomendados.