En el marco de la discusión por la votación de la Ley General de Aguas, organizaciones civiles condenaron el actuar del poder legislativo ante una eminente “privatización” del agua.
Julio Torres Flores, vocero del Comité de Defensa de los Derechos Ciudadanos, Sociales y Humanos de Puebla y Tlaxcala (CDDCS), indicó que Puebla fue utilizado como un campo experimental para las privatizaciones de los organismos operadores, por órdenes del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y que los resultados están a la vista, pues el derecho constitucional al líquido está suprimido en beneficio de empresas privadas.
María Eugenia Ochoa, representante de la Asamblea Social del Agua (ASA), expresó que “Nosotros presentamos una iniciativa que propone el respeto a la participación ciudadana y a los usos y costumbres de las comunidades, que se analice cómo esta funcionando el flujo hídrico desde el sistema de cuencas para que realmente se establezca un sistema sostenible y sustentable del manejo de cuencas y de todo el flujo que alimenta nuestros suministros de agua, y que en todo este proceso se garanticé la participación ciudadana, es decir, que como eje central se garantice el agua como un derecho humano”.
“Nos preocupa sobremanera que esta ley sea aprobada, con un claro conflicto de intereses, como sucede con el Grupo Higa”, agregó.
Por su parte, la Asociación Civil Colectivas, la Secretaría Estatal en Defensa de la Soberanía y Medio Ambiente, la Secretaría Municipal de Organización y la Secretaría Municipal de Jóvenes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitieron un comunicado conjunto que se transcribe íntegro a continuación:
“El pasado 9 de febrero, investigadores e integrantes de organizaciones civiles entregamos a un grupo de legisladores federales –mismos que acordaron públicamente hacer suya– la Iniciativa Ciudadana de Ley de Aguas, cuya elaboración llevó más de tres años y en la que participaron más de 450 académicos, investigadores y especialistas, junto con comunidades y comités de usuarios; al tiempo que organizaciones de la sociedad civil solicitaron también se discutieran tanto la Ley General de Aguas –elaborada por el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua– como la iniciativa ciudadana, solicitando para ello foros públicos en los que se pudiera discutir abiertamente con los legisladores el contenido de ambas iniciativas, a fin de garantizar efectivamente el derecho humano al agua para todos y todas, particularmente para los grupos más vulnerables de nuestro país.
“No obstante, en forma atropellada, el pasado 4 de marzo las comisiones unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobaron la Ley General de Aguas del Ejecutivo, misma que abre la puerta a la privatización del suministro de agua y la construcción de infraestructura hidráulica en todo el territorio nacional, avala los trasvases de una cuenca a otra, declara de interés público la participación de concesionarios privados y regula la fractura hidráulica (fracking) y da autorización para que particulares perforen y exploten pozos para uso agrícola e industrial.