Las cárceles de mujeres en México son reinos paralelos gobernados por mafias donde se abusa, se extorsiona e incluso se prostituye a las presas que mayoritariamente viven hacinadas, con grandes carencias de higiene y alimentación, entre violaciones constantes de sus derechos.
Así lo indica el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que analizó durante los meses de febrero y marzo de 2014 las condiciones de 77 de las 102 prisiones del país que albergaban en ese momento a 11 mil 107 internas.
La Comisión urge a corregir los problemas que conllevan una discriminación de la mujer que se agrava en las cárceles y denuncia que parte de estas violaciones e irregularidades ya fueron denunciadas en un documento de 2013 pero no se solucionaron. En este sentido plantea 22 propuestas en las que pide tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas.
El informe -dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los gobernados, jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Comisionado Nacional de Seguridad- subraya deficiencias en la alimentación y la higiene, en el acceso al servicio médico o la atención a los niños, pero también problemas de malos tratos, abusos sexuales y cobros por seguridad por parte de "gobiernos paralelos" que en ocasiones son dirigidos por hombres presos en la parte masculina del reclusorio y vinculados con el crimen organizado.
Así, mientras unas mujeres viven hacinadas, duermen en el suelo entre cucarachas, chinches y ratas, y son obligadas a prostituirse, otras tienen celdas privadas con televisiones de plasma, microondas y refrigeradores y teléfonos celulares.
Tales irregularidades, refiere el documento, contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.
El promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14; el mayor número de ellas se encontraron en los Centros Regionales de Reinserción de Chilpancigo y Acapulco, Guerrero, con 21.
En un comunicado la CNDH advierte que el sistema penitenciario de nuestro país no atiende en la gran mayoría de casos, de manera adecuada, a los requerimientos específicos por razón de género señalados en la norma vigente, lo que trae como resultado que las graves carencias en materia de recursos humanos y materiales se acentúen en los centros de reclusión que alojan mujeres.
Sostiene así, que el Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.
El Informe documentó problemáticas relativamente comunes en las cárceles como el hacinamiento, la insuficiencia de servicios o deficiencias en alimentación o higiene, pero también alertó sobre otras graves condiciones que prueban la "desigualdad entre las áreas varonil y femenil".
Registró, por ejemplo, denuncias de internas sobre maltrato físico y psicológico "tales como amenazas y golpes, así como de humillaciones y tratos discriminatorios infligidos por el personal directivo, técnico y/o de custodia" de los centros y reportó incluso que varias presas "señalaron que fueron víctimas de abusos de tipo sexual" en una cárcel del céntrico estado de México.
La prostitución se ejerce en al menos 20 centros, detalla el informe basado en investigaciones a 77 de los 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres en México, realizadas entre febrero y marzo del 2014 después de que hubiera emitido otro informe en 2013 al que aparentemente las autoridades hicieron caso omiso.
Además, la CNDH constató como mientras algunas reclusas duermen en el piso por la falta de colchonetas, otras "ejercen el autogobierno" y se encargan de "actividades propias de la autoridad" como distribuir las estancias, lo que las lleva a tener televisores de pantalla plana o teléfonos celulares en sus celdas.
Estas presas exigen cobros a sus compañeras por el uso de servicios o para brindarles seguridad, a veces junto a personal del centro, y en al menos un caso bajo el control de grupos delictivos recluidos en el área varonil.
La falta de separación adecuada entre sexos se demuestra, por ejemplo, en al menos tres centros, donde las internas son alojadas en espacios habilitados del área varonil.
Entretanto, en diez centros no se permite la estancia de menores de edad con sus madres internas y hay prisiones donde falta apoyo para que esos niños accedan a los servicios de guardería y educación básica, denuncia la CNDH.
En los centros evaluados había, al momento de hacer el informe, 11.107 mujeres presas.