Alerta CIDH consecuencias “muy negativas” por torturas a detenidos por caso Ayotzanapa

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Los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa advirtieron este lunes que las denuncias por tortura de más de una decena de detenidos pueden tener consecuencias "muy negativas" para el proceso.

El psicólogo español Carlos Beristain, uno de los expertos, dijo que el equipo de la CIDH visitó a 16 de los alrededor de 100 detenidos por el crimen, entre ellos presuntos narcotraficantes. De ellos, "un grupo relativamente numeroso" denunció haber sufrido malos tratos y torturas, con al menos una decena de denuncias interpuestas formalmente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman).

"El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental para evitar que eso genere problemas más adelante en términos de que, en una hipótesis, no se hubieran respetado garantías de los detenidos. Sería muy negativo para el proceso y eso tendría consecuencias legales", advirtió Beristain en una rueda de prensa en Ciudad de México.

Esto ha sucedido "en varios de los casos de México y en cualquier otro país sucedería lo mismo", señaló el experto, pidiendo a las autoridades que apliquen el Protocolo de Estambul para que se compruebe la veracidad de las denuncias.

En 2014, el relator especial sobre tortura de la ONU escribió un reporte en el que sostenía que la tortura es una práctica "generalizada" entre las autoridades mexicanas "para extraer confesiones o información", una acusación contra la que el gobierno mexicano protestó enérgicamente iniciando una pelea pública contra el relator en abril.

Beristain también lamentó que, un mes y medio después de haber solicitado entrevistarse con militares del Batallón 27 de la ciudad de Iguala (sur) para conocer su versión de los hechos, todavía no hayan recibido autorización de las autoridades.

En su reconstrucción de este crimen que estremeció a México y la comunidad internacional, la fiscalía general concluyó que la noche del 26 de septiembre los 43 estudiantes fueron atacados por policías de Iguala coludidos con miembros del cártel Guerreros Unidos por orden del entonces alcalde, que quería evitar que boicotearan un acto de su esposa.

Posteriormente, los sicarios habrían asesinado a los jóvenes al sospechar que entre ellos habían infiltrados de un grupo enemigo. Los habrían incinerado y esparcido sus restos calcinados en un río, siempre según la fiscalía.

Esta versión, basada en testimonios del centenar de detenidos y evidencias recogidas en el terreno, es rechazada por familiares de las víctimas y puesta en duda por ONGs internacionales como Human Rights Watch, porque las pruebas científicas sólo han podido determinar la muerte de uno de los jóvenes.

La misión de la CIDH, creada por acuerdo entre el Estado mexicano y los padres de los estudiantes, empezó a trabajar en el terreno en México en marzo y espera presentar sus conclusiones a finales de agosto, cerca del primer aniversario de este brutal crimen que generó fuertes protestas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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