En los últimos 15 meses la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha utilizado su poder no sólo para presionar a los gobiernos federal y estatales para fortalecerse, sino también para ejercer coerción en contra de sus agremiados a
quienes condiciona los beneficios que reciben a cambio de apegarse a sus reglas y exigencias, y favorece a los que acatan órdenes y son leales.
Al hacer la revisión a los acuerdos que tomó la asamblea de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE se advierte que la dirigencia encabezada por Rubén Núñez Ginez estableció medidas de coerción en contra de sus afiliados e incluso aplica sanciones en contra de maestros que “traicionaron” el ideal de la organización o se niegan a participar en el principio táctico de lucha: movilización−negociación−movilización.
Se identifican al menos nueve tipos de actos de coerción de la dirigencia de la CNTE contra los maestros, como obstaculizar programas de mejoramiento de las escuelas, el uso político−sindical de los beneficios de los niños, condicionar derechos laborales a la asistencia a actos sindicales, prodigar amenazas a autoridades y profesores que quieren trabajar, pero que difieren sobre las acciones de la coordinadora.
Se suman también el rechazo a que los niños reciban tabletas electrónicas o contra la instalación de internet en las escuelas —programas que impulsan los gobiernos estatal y federal—, entre otros.
Esas medidas creadas al interior de la asamblea excluyen o seleccionan a discreción [sólo a quienes pertenecen a sus escuelas leales] a estudiantes entre un millón de ellos, para ser beneficiarios de programas como uniformes escolares, que reciban alimentación o más horas de clase, a través de las escuelas de jornada ampliada, de tiempo completo y escuelas de calidad.
Al expresar su rechazo a la reforma educativa, la CNTE en Oaxaca busca obstaculizar que a esa entidad lleguen programas impulsados por el presidente Enrique Peña Nieto , como el de la entrega de computadoras.
Las represalias se extienden a los jefes de departamento y directores generales, jefes de sectores, supervisores y directores de escuelas que apliquen las leyes secundarias de la reforma educativa, “desconociéndolos de su cargo en caso de que se compruebe su deslealtad”.
Los beneficios que se autorizan para la entidad tienen, en un momento, un uso político−sindical.
Así, por ejemplo, en la asamblea del 20 de marzo de 2013 se acordó que los uniformes escolares “se acompañen con el sello de las representaciones sectoriales y secretarios generales para evitar injerencias de la espuria”, esto es, que se lo atribuya la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Se castiga a aquellos que otorgan beneficios a niños que asisten a escuelas donde maestros de la Sección 59 imparten clases o en comunidades que no los apoyan, como lo ocurrido a Patricia Villanueva y Martha Cortés , en noviembre de 2013, cuando la CNTE declaró “su salida” por llevar uniformes a la comunidad de Santiago Apóstol .