En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) aseguró que en México la verdadera extensión y magnitud de esta “horrible endemia” resulta “extremadamente difícil de determinar”, dado que el sistema de denuncia e investigación no hace rendir cuentas a los responsables.
Además, continuó el integrante de la Comisión de Seguridad Pública, deja a las víctimas a merced de represalias y, en consecuencia, se denuncian menos casos de los que en realidad ocurren.
Port tanto, propuso a la Comisión Permanente exhortar a los tres niveles de gobierno y a sus fuerzas de seguridad hagan lo conducente para castigar severamente a quien tome represalias en contra de quien denuncie torturas o malos tratos, de sus familiares y de defensores de derechos humanos.
También, para que sensibilicen y capaciten a los servidores públicos en prevención y erradicación de la tortura, incluyendo el trato indebido y revictimizante a quien denuncie esta práctica y a sus familiares.
Castellanos Mijares subrayó que el hecho de que la tortura esté generalizada en el país no significa que la promuevan las autoridades mexicanas, sino que se da prácticamente en todas las corporaciones que justicia, “pues existe la costumbre de detener para investigar y no al revés”, en palabras del relator de la ONU sobre la tortura.
“Nuestro país se encuentra en una situación delicada en esta materia”, reitera el legislador, ya que, por un lado, se ha avanzado en el marco constitucional para incluir obligaciones de combate a la tortura; por el otro, enfatiza, México se ha enfrascado en una estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada, “que privilegia el uso de la fuerza sobre la investigación profesional y la protección de los derechos humanos de las víctimas”.
Recordó que cada 26 de junio se trata de concientizar a la población mundial sobre los efectos nocivos de la tortura y la destrucción de la personalidad y dignidad de la persona, preocupación que se ha abordado desde la perspectiva de los derechos humanos en los últimos 50 años en todo el mundo.
Empero, “a pesar del avance de la comunidad internacional para eliminar esta lacra, muchos gobiernos incumplen con su responsabilidad. A 30 años de la Convención Contra la Tortura, de la ONU, y más de 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tortura no solo goza de buena salud: está proliferando”, concluye Castellanos Mijares.
PREOCUPA A CDHDF RETIRO DE SARRE
Ante el retiro de candidatura del mexicano Miguel Sarre para integrarse al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la CDHDF manifestó su preocupación, al considerar que la actuación del Estado mexicano es contraria a sus obligaciones en la materia.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal (CDHDF) recordó que el próximo 8 de octubre el Comité renovará a cinco de sus 10 integrantes y uno de los candidatos propuestos (a sugerencia del Estado mexicano) era Miguel Sarre.
“Sarre Iguíniz imprevisiblemente se retiró en favor de una candidatura con un perfil ajeno a la defensa de los derechos humanos y en particular de la lucha contra la tortura”, indicó la CDHDF.
La decisión, abundó, es particularmente preocupante sobre todo en el contexto de la situación que prevalece en México, país donde según el propio Comité, prevalece la práctica de la tortura.
Por ello, es preocupante que en México, en lugar de favorecer el funcionamiento de las instancias internacionales que pueden ayudarle a atender la situación del país en ese tema, busque minar su fortaleza estableciendo un perfil inapropiado para las tareas que realiza este Comité.
En ese sentido, la Comisión consideró de la mayor importancia garantizar que quienes integran los órganos de tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sean verdaderos expertos en la materia, reconocidos públicamente por su labor e independencia.
El organismo autónomo recordó que la nueva candidatura que el Estado mexicano llegue a presentar, debe atenerse al principio general tres de las "Directrices de Addis Abeba".
Ello, respecto la independencia e imparcialidad de los miembros de los órganos de los estados, en particular el criterio del "empleo actual o anterior" para evitar conflictos de intereses.
De acuerdo con la CDHDF, Miguel Sarre se desempeñó como Miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU (SPT) de 2006 a 2014, además de tener destacadas actividades y publicaciones en el ámbito del combate a la tortura y los derechos humanos.
Entre ellas, destaca su participación en la elaboración del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre de 2014.
También es fundador de la organización no gubernamental “Por una prisión con ley”, Ciudad de México (2014), entre otros cargos relacionados con la temática del Comité contra la Tortura.
Por ello, se trataba de una persona ideal para la candidatura que, sólo en caso extremo, podría haberse retirado para proponer una más apropiada.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal espera que las autoridades mexicanas y en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reflexionen sobre la situación descrita.