A un año del trágico evento en el municipio de Tlatlaya, Estado de México en el cual 22 civiles murieron y un militar resultó herido, este caso “ilustra como, a casi una década de iniciada la guerra contra el narcotráfico y a pesar de todos los recursos invertidos en capacitación, las acciones en materia de seguridad desplegadas por el Estado mexicano aún son incapaces de garantizar la protección a los derechos humanos. De forma preocupante, es evidente que en la práctica persiste la idea de que un eficaz combate a la delincuencia es incompatible con el respeto de los derechos humanos”, indicaron analistas del Centro de Investigación para el Desarrollo, (CIDAC).
Explicaron que en la persecución diaria del crimen, las fuerzas armadas parecen actuar bajo la premisa que establece que el respeto a los derechos humanos obstaculiza un eficaz combate al crimen. Casos como Tlatlaya demuestran los abusos de un aparato estatal que es incapaz de garantizar el respeto a la vida e integridad de las personas en un contexto de inseguridad. El índice de letalidad en enfrentamientos entre el Ejército y presuntos grupos criminales presenta indicios de una política ajena a cualquier consideración de derechos: desde 2008 y hasta 2013 se superó el umbral de más de 15 civiles muertos por cada miembro de la fuerza de seguridad; en el año 2011 el índice fue de 32 civiles muertos por cada miembros del Ejército fallecido, de acuerdo con Paul Chevigny, experto en la materia.
Cabe recordar que en el reciente informe sobre México en el año 2014 elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos presenta un panorama desolador caracterizado por las violaciones graves a derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales (Tlatlaya), desapariciones forzadas (Ayotzinapa), tortura (552 quejas en la CNDH), detenciones ilegales (663 quejas en la CNDH) y abuso de la prisión preventiva (sobrepoblación del 27 por ciento a nivel nacional). Sin embargo, el mensaje más contundente del informe consiste en afirmar que estos actos de violencia contra la población no provienen únicamente de los grupos del crimen organizado sino que cada vez más el responsable es el Estado mexicano. Ante estos datos, la crisis de derechos humanos es evidente, enfatizó.
A pesar de que el gobierno mexicano presuma un andamiaje normativo e institucional de protección de derechos fundamentales, la renuncia –en la práctica- al respeto de estos derechos justificada bajo la falsa premisa de que solo así se podrá garantizar la seguridad no ha logrado ninguna de sus promesas: 1) la violencia y las tasas de homicidios dolosos han repuntado a partir de marzo de 2013 y estamos muy lejos de los mínimos registrados en 2007; 2) la violencia –antes focalizada en el norte del país- se ha extendido hacia el sur a estados como Jalisco, el Estado de México, Guerrero, o recientemente el Distrito Federal; y 3) se ha dado lugar a una fragmentación de los grupos criminales que ha derivado en el surgimiento de nuevas organizaciones.
PIDEN A EJÉRCITO MEXICANO EVITAR AMBIGÜEDAD
La Comisión de Derechos Humanos, (CNDH) del gobierno federal exhortó al Ejército a no usar palabras ambiguas en sus órdenes, después que activistas revelaron que las autoridades castrenses habían emitido una directriz que en esencia decía que los efectivos debían matar a presuntos criminales.
La CNDH dijo que hizo una petición formal a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que pide revisar y corregir los vocablos que usa para evitar "imprecisión o ambigüedad".
Cabe recordar que, en días recientes activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez difundieron una copia de las órdenes entregadas a un batallón del ejército que mató a 22 presuntos delincuentes en junio de 2014. Las investigaciones determinaron que la mayoría de las víctimas fueron baleadas después de haberse rendido o estando desarmadas.
Los soldados recibieron la orden de "abatir" a los criminales, una palabra que en México se entiende de manera general como "matar". Otros puntos en las órdenes de tres páginas, las cuales son algo contradictorias, también les pedían a los militares que respetaran los derechos humanos.
Posteriormente, las autoridades federales argumentaron que "abatir" puede significar otras cosas, tales como derribar o humillar. Pero incluso el ejército y las fuerzas policiales han usado esa palabra en forma uniforme en comunicados de prensa anteriores con el significado de "matar".
El ejército defendió las órdenes, pero desde el principio ha tenido una actitud contradictoria en torno al tiroteo. Abrió una investigación penal el mismo día en que ocurrió, el 30 de junio de 2014, pero también emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que los 22 fallecidos habían sido muertos durante un intenso enfrentamiento a balazos que comenzó cuando los sospechosos les dispararon a los soldados.
Una investigación de la CNDH halló posteriormente que entre 12 y 15 de las víctimas fueron muertas ya desarmadas después de que se habían rendido.
La Sedena ha dicho que los homicidios en el municipio de Tlatlaya, al oeste de la Ciudad de México, fueron obra de siete soldados acusados en el caso y no ha implicado a ningún oficial. En noviembre, tres de los soldados en la patrulla fueron acusados de homicidio con agravantes, mientras que a otros cuatro, incluido un teniente, se les aplicaron cargos de acciones inadecuadas para el servicio público por no reportar los asesinatos. No ha habido juicios ni veredictos en el caso.
El ejército ha recibido autorización para participar en operativos antinarcóticos y policiales sólo bajo el papel de "apoyo" a la policía y los fiscales.
El Manual de las Fuerzas Armadas sobre el Uso de la Fuerza afirma que los soldados sólo pueden usar sus armas de fuego "en legítima defensa" de ellos mismos o de otras personas, en casos de peligro o muerte inminente o lesión grave, o para evitar que se cometa un delito que involucre una amenaza a la vida, y sólo en el caso en que otras medidas menos extremas sean insuficientes para alcanzar esos objetivos.