El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, garantizó que las clases en Oaxaca iniciarán a tiempo, conforme al calendario escolar, pese al amago de boicot de la disidencia magisterial, "eso está considerado por nosotros, y también está considerado que el curso escolar iniciará a tiempo"..
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“No puedo explicárselo, porque es parte de las estrategias que hemos seguido, si les hubiéramos explicado en enero, a lo mejor en julio no hubiésemos alcanzado este primer propósito. Pero sí le digo que está garantizado el inicio de clases”, explicó.
Negó que las autoridades educativas vayan a negociar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alguna demanda laboral o salarial.
“Los únicos pliegos laborales que recibimos son del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así que categóricamente le digo que el titular de la relación laboral es el SNTE".
Manifestó que aunque la nueva estructura administrativa en materia educativa también se denomina Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), como la anterior, los procedimientos y la forma de relación con los maestros es otra, con nuevos reglamentos e integrantes de su Junta Directiva.
Cabe mencionar que el decreto que reformó al Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca (IEEPO) es un golpe directo al control que mantenía un grupo sobre él desde hace 23 años y que había generado prácticas corruptas y cuyas estrategias de movilización eran violentas.
Carlos Ornelas Navarro, profesor-investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que se trató de una decisión de Estado meditada.
La decisión "se tomó prácticamente desde que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) evitó negociar con la Secretaría de Gobernación y amenazó con boicotear las elecciones", expuso el doctor en educación.
El experto puntualizó que el decreto presentado para el nuevo Instituto educativo en Oaxaca no fue un documento redactado a la ligera, pues menciona los propósitos, fines y funcionamiento.
Al establecer el Consejo directivo se consideraron los mecanismos burocráticos y la personalidad jurídica del instituto, lo cual es un cambio radical, refirió.
La clave está en la autonomía de gestión que tendrá el organismo, pues entre sus artículos señala que todos los funcionarios de cualquier nivel del sistema educativo de Oaxaca debe ser personal de confianza, lo cual implica que los comisionados electos en asamblea regresan a su base.
Esto, definió, implicará problemas estructurales severos, pues había más de tres mil 800 maestros en mandos bajos, medios y superiores como comisionados que tenían una o dos plazas y trabajaban como burócratas.
Para sustituir a esos docentes la sección 22 contrataba interinos que fueron basificados entre septiembre de 2013 y marzo de 2015 en el contexto de las negociaciones con Gobernación.
Por otra parte, habrá que ver qué sucede con otra irregularidad en torno a mentores que tengan dos o tres plazas y que no estén en la misma ciudad porque fueron dirigentes sindicales, planteó Ornelas Navarro.
Agregó que el impacto de este Instituto en la calidad educativa será a mediano plazo, pues existe un porcentaje considerable de docentes que estaba en contra y quería dar clase, atender a sus alumnos, pero estaba limitado por los dirigentes.
Señaló la probable migración de maestros, que ya no verán el incentivo de las marchas para ganar puntos, hacia la sección 59 que les brinda mayor estabilidad y un liderazgo democrático confiable, así como la coyuntura de líderes en desacuerdo con las estrategias de la sección 22 y captarán maestros comprometidos con dar clases.
QUITAN REQUISITO
A fin de que las familias oaxaqueñas no sean rehenes de los maestros de la Sección 22 de la CNTE, la Sedesol tomó la decisión de exentarlas de tener que entregar la certificación de la asistencia escolar para recibir los beneficios del programa Prospera.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, explicó en entrevista que lo anterior es con el fin de frenar la acción reprobable de quienes pretenden utilizar un programa de beneficio social como herramienta de presión política.
“No vamos a permitir que el programa prospera se utilice para otros fines que no sean una mejor educación, mejor alimentación y mejores condiciones de vida”, subrayó la funcionaria.
Recordó que lo anterior es en sintonía con la decisión que se tomó recientemente de retomar la rectoría educativa en esa entidad, al crear un nuevo instituto estatal de la educación.
Al respecto, la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos, explicó que esta decisión tomada por el Comité Técnico de este programa de inclusión social obedece al hecho de que cientos de familias habían sido amenazadas por los mismos maestros de la Sección 22 al condicionar la certificación de la asistencia de sus niños.
Recordó que entre los requisitos establecidos para recibir este apoyo están: acudir a los centros de salud para consulta médica; asistir a los talleres para el autocuidado de la salud, y que los niños en edad escolar asistan a clases.
Estas medidas son válidas en todas las entidades por las secretarías de Salud y Educación, y en el caso de Oaxaca es el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) el responsable de brindar la información a la Coordinación Nacional para el cálculo de los apoyos correspondientes.
Sin embargo, la Sedesol ha recibido las denuncias de familias que advertían que habían sido amenazadas por los integrantes de la Sección 22 de no entregarles la certificación de asistencia de sus niños para impedir que recibieran sus respectivos apoyos.
“Estas familias estaban siendo presionadas para participar en protestas y movilizaciones a cambio de la firma de asistencia a clases de sus hijos, necesaria para recibir los beneficios de Prospera”, mencionó.
Como ejemplo, la funcionaria dio lectura a una de las 300 cartas que han recibido, en la que una madre de familia de Santa María Chichihualco describía esta situación y denunciaba que había sido obligada a asistir a marchas a cambio de dicha firma.
Detalló que en Oaxaca el programa Prospera atiende a 456 mil familias que reciben anualmente cuatro mil 500 millones de pesos, de las cuales, contando las denuncias recibidas, cerca de 60 por ciento han tenido algún tipo de presión.
Por ese motivo, con el fin de dar seguimiento a la operación de Prospera, el pasado 26 de junio se tomó el acuerdo número CTCN 065/26-06-15, en el que en Oaxaca se libera la emisión de los apoyos monetarios sin la certificación de corresponsabilidad en educación.