La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, urgió al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, declare una alerta de violencia de género a nivel nacional, ya que varias entidades con este ilícito han tardado en emitirla y los crímenes contra las mexicanas persisten a pesar de los avances legislativos en la materia.
Durante un encuentro con medios de comunicación, a propósito de informar sobre la evolución legal de los derechos humanos de las mujeres, lamentó que la violencia que sufren sea vista como un problema y no como un delito. Subrayó que el Estado tiene la obligación de proteger, erradicar y castigar esta trasgresión en México, donde la población femenina alcanza el 52 por ciento del total de sus habitantes.
Refirió que la alerta de género a nivel nacional atendería las recomendaciones hechas por la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para México, además de las sentencias de Campo Algodonero emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Planteó la necesidad de analizar en todo el país cada uno de los expedientes y determinar qué casos poseen elementos para determinarse como feminicidios, además de diferenciar la seguridad entre los hombres y mujeres, pues en un asalto, ejemplificó, los primeros se exponen a una golpiza y la segundas a una violación.
“Todas estamos en riesgo y, lo más triste, dentro y fuera de nuestros hogares. Ahora estamos expuestas en el autobús, en la alameda, el gimnasio, la calle, el cine, el taxi y en el Metrobús”, advirtió Micher Camarena, y agregó que la violencia contra la mujer no es privativa de las grandes ciudades, sino también de las comunidades.
Sostuvo que esa agresión también existe cuando el Estado no asigna los montos necesarios para atender a las mujeres. “Si el próximo presupuesto viene reducido, ya veremos donde coloca este gobierno sus derechos humanos”, expresó.
Reconoció el esfuerzo de la comisión a su cargo para privilegiar el tema de la mujer libre de violencia en todas las discusiones; empero, advirtió que la ley general en la materia, promulgada en febrero de 2007, aún posee importantes lagunas, y lamentó que la “ignorancia” de algunas diputadas y diputados haya sido obstáculo para corregirlas.
Enmiendas sobre derechos sexuales y reproductivos, recordó, fueron votadas en contra por partidos mayoritarios, por lo que opinó que la LXIII Legislatura tendrá un gran trabajo por delante, además de la aprobación de más presupuesto para las mexicanas.
En el documento “Avances legislativos en materia de derechos humanos de las mujeres”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género precisó que este enfoque fue el eje prioritario del trabajo de dicha instancia legislativa.
“Durante la LXII Legislatura impulsamos acciones que buscaron tener un impacto directo en la vida cotidiana de las mujeres a través de la institucionalización del derecho a la no violencia, y se asentó la base jurídica para hacer efectiva esa garantía”, indicó.
La comisión, dijo, se avocó a la revisión escrupulosa del marco jurídico de su competencia y trabajó escuchando a organizaciones de la sociedad civil, académicas y de expertos, con el fin de contar con herramientas que favorecieran el acceso a la justicia.
Mícher Camarena señaló que el principal éxito de la comisión fue la obtención de mayor presupuesto para proyectos etiquetados a favor de las mujeres. “Se lograron recursos por casi 24 mil millones de pesos, los cuales se destinaron a la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, el combate a la trata de personas y el acceso a la justicia”.
No obstante, refirió que es necesario plantear nuevos y más asertivos modelos de prevención y empoderar a las mujeres a través de la armonización de las leyes que protegen a esta población.
Aseguró que “tocará a la siguiente legislatura continuar el desarrollo de propuestas y, en su caso, aprobar aquellas que quedaron pendientes”.
Consideró indispensables las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Salud, en materia de derechos sexuales y reproductivos; además, la creación de una Ley General Sobre Derechos y Obligaciones en materia de Pensión Alimenticia.
Urgió también a impulsar modificaciones a la Constitución Política para ampliar el reconocimiento de la paridad de género, así como cambios en la legislación electoral secundaria en el tema de igualdad.
Aseguró que se han logrado grandes avances en favor de demandas históricas de las mujeres, para garantizar sus derechos. “Con ello, se refrenda el compromiso del Estado de realizar acciones y políticas encaminadas al ejercicio efectivo de los derechos humanos”, comentó.
EDOMEX
En tanto, organizaciones sociales solicitaron ampliar la Alerta de Violencia de Género (AVG) a los 125 municipios del Estado de México y no solo en 11 como lo decretó la secretaría de Gobernación.
Asimismo, pidieron que 20 propuestas sean incluidas en el Bando Municipal de Ecatepec, para que la AVG sea funcional en ese municipio que ocupa primer lugar en feminicidios.
Durante una concentración en la explanada de Ecatepec, familiares de mujeres víctimas de desaparición forzada, feminicidio y trata de personas, colocaron en sillas las fotografías de las 450 mujeres desaparecidas tan solo en el corredor Tecámac-Ecatepec-Coacalco- Tultitlán.
Los inconformes denunciaron además que las autoridades hacen caso omiso a la desesperación de mujeres y so pretexto de “se fue con el novio”, “al rato regresa”.
En tanto las organizaciones Solidaridad por las Familias, Alianza por los Derechos de la Mujer, Acción para el Bienestar Ciudadano (ABC), y la Fundación Anayansi A.C., Macondo, pidieron la creación del Observatorio Municipal para erradicar la violencia contra la mujer y para que dé puntual seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.