La iniciativa de reforma de ley contra la trata de personas vigentes desde hace dos años y que fomenta y promociona la senadora panista y tlaxcalteca Adriana Dávila, busca dejar sin castigo a los principales líderes de las mafias de tratantes de personas, denunció la Teresa Paredes, Consejera Jurídica de la organización no gubernamental Unid@s contra la Trata (UvsT).
Entrevistada durante la transmisión radial de “El Punto Crítico” que dirige Eduardo Ramos Fusther, que se dirige en la 14:79 de Amplitud Modulada, reiteró que lo que pretende hacer la senadora panista es un retroceso a lo que ya se había logrado en la reforma de la ley durante el 2012, por lo que en su presentación es casi la ley idéntica salvo los cambios en menores penas para los delincuentes que se dedican a la trata de personas
La representante, dijo que la LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, que es la manzana de la discordia de un grupo y otras agrupaciones debido a que algo de que el delito disminuyera se ha incrementado en los últimos dos años.
De acuerdo con Teresa Paredes, México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas y cuatro grandes rutas para traficarlas, según el más reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El incumplimiento de protocolos internacionales en la materia y cambios constantes en sus estructuras delictivas, refiere el documento, permiten que las redes de tratantes operen con relativa facilidad.
De acuerdo con su Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México, las ciudades con mayor incidencia de ese delito son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo.
También Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Esas zonas, señala el informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, están catalogadas como “clave” para entender el fenómeno en el ámbito nacional.
El estudio, dado a conocer con motivo del Día Mundial contra la Trata de personas, señala que “desafortunadamente”, los avances en materia de combata a la trata de personas deben ser matizados.
Paredes explica que un análisis exhaustivo de la realidad jurídica que imperó durante la vigencia de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (LPSTP), abrogada el 14 de junio de 2012, cuando se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, muestra que sólo siete entidades –Baja California, Colima, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz– cumplen con la mayoría de los principios establecidos por el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de persona, del que México es parte desde 2003.
Otros 17 estados los atienden parcialmente y el resto atiende dichos principios “de manera limitada”.
Además, sólo cuatro estados –Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sonora– cuentan con reformas integrales que eviten contradicciones, duplicidad o problemas operativos en el combate a la trata de personas como la existencia de tipos penales relacionados.
La mayoría de las entidades federativas de México –22—cuenta con una vinculación “limitada”, refiere el estudio.
La representante de Unid@s contra la Trata explicó que de acuerdo con el estudio, entre 2009 y 2011 se iniciaron 629 averiguaciones previas por el delito de trata de personas en el fuero común y en el fuero federal.
El 32% correspondieron a actuaciones del gobierno federal ocho estados: Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo y el Distrito Federal concentraron el 81% del total de averiguaciones sobre trata de personas del fuero común. En el fuero federal se registró mayor dispersión, aunque sobresalen los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.
Teresa Orozco dijo durante la entrevista con Eduardo Ramos Fusther dijo que la senadora panista se ha dedicado a desacreditar el trabajo de Unid@s contra la Trata, y en especial el trabajo de la activista Rosi Orozco, quien ha sido una de las personas que han buscado el castigo para los tratantes. “La iniciativa de la senadora busca anular el artículo 117 del código penal federal. A Rosi la llevan tres años amenazándolas con los mismo. Acusaciones que no se han acreditado. Son chismes como el que dicen que ella puso a un presidente”.
Desmintió las versiones de que la organización había negado donaciones. “Claro que se pueden hacer donaciones directas o através de una cuenta y la senadora hizo alguna vez una donación, Con lo que se cae la versión de la reportera que escribió tonterías en contra de Rosi Orozco y de Unid@s contra la Trata”.
Aseguró que la ONG siempre ha transparentado sus ingresos y sus egresos .
AI hace campaña para regularizar “giros negros”
Durante la entrevista Teresa Peredes, aseguró que ahora se ha sabido que Amnistía Internacional comenzó una campaña internacional, “ es una aberración de AI , debido a lo que se dedican ya que no se puede legalizar un giro negro. Simplemente se cierra”.
Agregó que por eso la ONG critica el actuar de Amnistía Internacional respecto a la trata de personas. Dijo que el problema en el mundo es peor. En México desde que se aprobó la nueva ley se han realizado 350 sentencias contra tratantes, mientras en 2007 cuando no había ley no hubo ninguna sentencia contra tratantes.
Puso como ejemplo que tan solo en los últimos años en Sudáfrica se lograron dos sentencias contra tratantes, en España ocho, en Argentina 20 y en Costa Rica solo dos casos de sentencia y reiteró que Unid@s contra la Trata buscas acabar con la denigración de las personas
Proponen nuevo marco jurídico
en materia de trata de personas
A principios de agosto se realizó el Foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas”, destacaron que se deben evitar confusiones entre la explotación con fines de reproducción y la subrogación de vientres.
Senadores, legisladores y especialistas se pronunciaron por un marco jurídico adecuado y por modificar la ley en materia de trata de personas para evitar este delito a través de la subrogación de vientres o embarazos forzosos.
En el Foro “Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas”, destacaron que se deben evitar confusiones entre la explotación con fines de reproducción y la subrogación de vientres.
La senadora panista Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas -que junto con la de Derechos Humanos organizó el foro-, dijo que es necesario establecer un marco jurídico adecuado para no generar lagunas legales.
Explicó que en el tema de la subrogación de vientres, “el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia, autoridad sobre otro, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra”, se pierde todo sentido de voluntad personal.
De acuerdo con la legisladora priista, lo anterior señala que se habla de engaños y de obligar a otra persona, “se está hablando de captar, se está hablando de enganchar”, y mientras esa dos condiciones se cumplan se presume de un delito.
Indicó que con base en lo expuesto por los expertos en temas médicos, clínicos y sociológicos, se habla de la subrogación de vientres o maternidad subrogada o algún otro concepto, “pero si se da la explotación y que se obligó a alguien, hay un delito que castigar”.
“Si estas dos primeras condiciones se dan, así sea muy loable que alguien tenga derecho a una paternidad, hay un delito que perseguir y es un delito que queremos castigar. Y por eso es fundamental que para nosotros en el Senado estas diferencias entre explotación y trata de personas se defina”, señaló.
En ese sentido agregó que es indispensable definir en la legislación el combate la trata de personas y tener mucho cuidado de la línea tan delgada que divide un derecho de un delito.
En su intervención Ingrid Tapia, especialista del Early Institute, demandó a los legisladores la prohibición absoluta de la maternidad subrogada, por constituir una ofensa nacional a las mujeres y en particular a las mujeres más vulnerables.
“La explotación de mujeres para fines reproductivos debe ser severamente castigada para disuadir a quienes fomentan y lucran con esa práctica, porque además quienes vienen a contratar a las tabasqueñas paridas y a las sinaloenses paridas y a las indígenas mexicanas paridas, lo hacen porque son baratas”, dijo.
La abogada insistió en que es urgente prohibir la maternidad subrogada, pero de manera distinta a como lo hizo España, que la prohíbe sólo para las españolas y es bienvenida para que se practique en la mujeres de cualquier otra parte del mundo.
Dijo que el Early Institute da la bienvenida a que el tema de maternidad subrogada se aborde en el Senado de la República dentro del tema de trata de personas, porque el tema no debe estar en una ley de salud.
Por su parte, el director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Ricardo Juan García Cavazos, puntualizó sobre la importancia de la maternidad subrogada para personas que no pueden embarazarse.
Mientras que Jorge Carreón del Instituto Nacional de Ciencias Penales, resaltó que es necesario evitar la trata a través de la maternidad subrogada.
Regina Tamez Norega, representante de la asociación civil Gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida), urgió a una legislación federal sobre reproducción asistida que incluya todos los aspectos relativos con este tipo de maternidad que ya se tiene en estados como Tabasco.