La reciente “venta” de bebés en Baja California Norte, es un caso claro de trata de personas tipificado en el artículo 27 de Ley General para Prevenir la Trata de Personas en México, y los responsables de este delito deben de ser procesados y no, su liberación como se procedió, lo que refleja una violación directa de la ley, dijo Rosi Orozco, presidenta de Unidos Contra la Trata, AC.
“La venta de bebes, es un delito directo que debe castigarse, tal como un jurista me dijo que está tipificado en el artículo 27 de la Ley General para Prevenir las Trata de Personas”, dijo la representante de la Organización No gubernamental que lucha para prevenir este flagelo.
Entrevistada por El Punto Crítico, la ex senadora de la República, dijo que es muy grave que las autoridades hayan exonerado a estos sujetos ya que venían presionando a las chicas, principalmente a una de ellas, que era utilizada en embarazos subrogados.
Recientemente Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos vs Trata AC, dijo que se presentaron estadísticas representan un avance en la confianza de los ciudadanos para denunciar este delito.
En México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en junio de 2012, contempla sanciones de dos hasta 40 años para quien incurra en esta falta.
Orozco expresó que la Legislatura próxima a concluir (LXII), trabajó fuertemente en impulsar medidas contra la trata; pero éstas se deben de mantener en la que inicia a partir de septiembre, ya que “esta ley tocó intereses muy fuertes”, que actualmente algunos dueños de giros negros “disfrazados con una imagen de ONG buscan retroceder para seguir”.
Respecto al caso de los bebes vendidos Isabel Crowley, representante de UNICEF en México habló sobre el caso de la compra-venta de nueve menores en Sonora, confirmó que este organismo respaldará los derechos de los niños desprotegidos:
"Claro que estamos por debajo, respaldando a las autoridades en todo el apoyo que necesiten. Nosotros de UNICEF lo vemos muy mal, pero en realidad pues es una realidad que a veces nos tenemos que debatir, pero los sistemas ahora están en sitio para empezar a tomar estas decisiones."
Se pronunció por buscar mecanismos para evitar casos como éstos:
"Hay que hacer un estudio nacional para saber cuántos son los albergues que tenemos, dónde están los niños, qué son estos niños y cómo darles un entorno para poder desarrollarse en su pleno potencial".
Señaló que es necesario respetar los estándares internacionales y actuar conforme los lineamientos de la Convención de los Derechos de los Niños. Tratado internacional de las Naciones Unidas a través del cual se enfatiza que los menores tienen los mismos derechos que los adultos.
Isabel Crowley habló al encabezar el acto de salida a campo de 98 encuestadores y enfermeros del Instituto Nacional de Salud Pública, quienes por primera vez recabarán datos sobre salud y bienestar de niños y niñas menores de cinco años.
El objetivo, es generar datos fundamentales para orientar políticas y programas sociales que beneficien a este sector de la población.
Confirman 9 casos por venta de bebés
Cabe destacar que el procurador de Justicia de Sonora, Carlos Alberto Navarro Sugich, sostuvo en entrevista que hay nueve casos de niños que fueron sustraídos ilegalmente de su madre biológica y vendidos a padres adoptivos en el DIF de Sonora.
El funcionario dijo que posiblemente habrá más personas que pudieran ser víctimas por los mismos operadores. “Hasta el momento no hay 300 denuncias por ese hecho, es falso, es mentira”', reiteró el procurador de Sonora.
Señaló que no es válido que aspirantes a padres y madres de familia entreguen dinero en efectivo y entreguen un aviso de nacimiento falso al oficial del registro civil para registrarlo como hijo biológico después de haber pagado cantidades de entre 80 y 150 mil pesos.
El procurador dijo que los padres que suplantaron a los biológicos se encuentran libres bajo caución, por no ser un delito grave, y cuya pena es de 6 meses a 6 años de cárcel.
Los padres suplantadores se encontraban enlistados en el Sistema DIF para la obtención de una adopción, pero fueron contactados por supuestos funcionarios para ofrecerles adelantar el proceso de adopción. Con el pago de obtuvieron un aviso de alumbramiento que presentaron ante las autoridades del registro civil.
Este asunto debe generar conciencia en el sistema de adopción de Sonora y México por la magnitud del problema que dijo es difícilmente 'categorizable'.
Devuelven niño a jornalera
Apenas esta semana de los nueve niños asegurados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a las personas que los compraron a personal del DIF Sonora, fueron reintegrados con ellos, luego de que la Fiscalía se desistió de ejercer acción penal en su contra y de que un juez comprobó que los hogares son seguros.
Los menores fueron entregados a quienes se ostentan como padres, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los niños y niñas se encontraban bajo resguardo de las autoridades en la casa hogar Unacari, desde que se ejecutó orden de aprehensión contra de las personas que los adquirieron, de las cuales se desistió la Procuraduría para anteponer el bienestar de los menores.
Como se informó, la PGJE emitió 16 órdenes de aprehensión, una de ellas contra el ex director de la Línea Protege de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Sonora, Vladimir Alfredo Arzate Carvajal y contra el ex jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), José Manuel Hernández López, y 14 personas más, por los delitos de sustracción y tráfico de menores y en el caso de éstos últimos, la dependencia se desistió.
Asimismo se informó que la Procuraduría de la Defensa del Menor entregó a la madre de la jornalera Silvia Campos Nazario, el bebé de seis meses que le retiró hace dos meses por supuesto abandono en un hospital de Guaymas. La señora Josefa Nazario Morales, madre de la jornalera recibió el niño en custodia mientras la mujer de 21 años completa las cinco sesiones de escuela para padres. El niño Ángel Jesús ingresó al nosocomio el 8 de julio y fue entregado al DIF de Empalme el 17 de julio.
Ante la necesidad de trabajar para darle de comer a su otra hija de dos años y medio de edad, la madre se fue al campo mientras su hijo era atendido por desnutrición severa.
Fue en dos ocasiones a verlo, a pesar de que vive en una zona rural sin acceso a transporte durante la tarde y la noche.
María del Rosario León Bobadilla, subprocuradora de la Defensa del Menor el lunes 13 de julio lo entregó en custodia a un matrimonio que tenía registrado como potenciales padres adoptivos.
Piden a PGR investigue el caso
Por su parte, la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado, Adriana Dávila Fernández (PAN), propuso al pleno que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación del caso de venta bebés, cometidos por servidores públicos del DIF de Sonora.
La propuesta recibió la adhesión inmediata de legisladoras del PRI y PRD, y fue enviada a comisiones para su dictamen que posteriormente votará el órgano legislativo.
Pide que se lleven al cabo las detenciones y consignaciones por el delito de trata de personas y explotación que correspondan, derivadas de la venta de bebés que fue advertida a autoridades mexicanas por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, desde marzo pasado.
Adriana Dávila indicó que “nos encontramos ante la posibilidad de la comisión del delito de trata de personas y explotación”, y por su gravedad la investigación no debe quedar sólo en manos de las autoridades locales.
“No puede quedar abierta la posibilidad de impunidad y menos cuando se habla de un delito tan grave como la trata de personas y la posible explotación no sólo de los menores, sino de mujeres que puedan ser explotadas con fines reproductivos”, previno la funcionaria.
Adriana Dávila refirió que las investigaciones permitieron recuperar nueve bebés, consignar 16 presuntos involucrados en delitos de sustracción y tráfico de menores, de los cuales dos son servidores públicos y 14 son parejas y madres solteras.