La asociación Alto al Secuestro llamó a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deje el caso sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala,
Guerrero.
La presidenta de dicha organización, Isabel Miranda de Wallace, y el consejero Samuel González expusieron que hay conflictos de interés y se ha politizado ese hecho, además de subrayar que no solo es un tema de derechos humanos sino que sobre todo está en el terreno legal.
Lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, mencionó González Ruiz, es técnicamente un secuestro y en consecuencia debió haber sido tratado como elemento criminal y no mandar reporte de derechos humanos, que tiene criterios diferentes al penal.
“Hay que exigir que salgan los actores políticos estrictamente del terreno legal y de análisis para poder llegar a una verdad y no tratarlo solamente de manera política”, dijo en conferencia de prensa.
A decir de Miranda de Wallace, la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la que debe intervenir y coadyuvar en este caso, “porque en estos momentos hay un conflicto con un reporte de derechos humanos y con otro que tiene que ver con delito y droga”.
La activista también aseguró que existen conflictos de interés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien al ser mexicano no puede conocer de conflictos en México.
“Esto debe ser una cosa científica, en México tenemos excelentes peritos, pero si no están los padres satisfechos con esta investigación, conformes, tienen todo el derecho de traer a personas a nivel internacional y que trabajen de manera colegiada para conocer la verdad.
“Y por eso es que tenemos esta propuesta. La ONU sí tiene este personal, que lo traiga. Las cosas no son blanco ni negro, tenemos que ir probando cosa por cosa”, expuso.
Tras afirmar que a su consideración no hubo desaparición forzada, Wallace hizo un llamado al Congreso y a la Procuraduría General de la República (PGR) a que dejen de politizar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron vistos por última vez el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
“Hay un uso solamente político del caso, que lo único que nos va causar es un gran problema. Esto se ha salido de control. No son las personas indicadas para llevar el caso desde el punto de vista de la investigación”, sostuvo.
Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro, abundó que “una confusión radical y tajante, error gravísimo del gobierno mexicano” es no conocer el reglamento del personal de la OEA.
El experto se refirió en específico al artículo 101.7, que habla de declaraciones de lealtad, ética y conducta de conflicto de intereses, lo que excluye que los mexicanos puedan tratar asuntos que se refieren a México.
La OEA tiene reglas que no están siendo respetadas, sobre todo aquellas que impiden a funcionarios de las organizaciones de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos tener vinculación alguna que pueda entrañar conflicto con el desempeño correcto de sus obligaciones.
Pero hoy el secretario ejecutivo de la CIDH habla sobre el caso mexicano, además de que “el señor Emilio Álvarez Icaza tiene intereses en el estado de Guerrero, siempre lo ha tenido y sus organizaciones siempre lo han tenido”, aseguró Samuel González.
En ese tema mencionó, por ejemplo, que el chileno Francisco Cox Vial, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana, cobra sus honorarios donde cobran las organizaciones que dirige Álvarez Icaza Longoria.
González Ruiz también indicó que la discusión “está desbordada”, toda vez que los coordinadores legislativos de las cámaras de Diputados y de Senadores señalaron que irán a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para desarrollar solicitudes de investigación sobre México.
Al respecto explicó que el único sistema internacional que tiene capacidad de formar tribunales internacionales es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como lo ha hecho con los conflictos de la ex Yugoslavia, Ruanda y Guatemala.
El consultor internacional en materias de justicia y delincuencia organizada manifestó que la OEA no es la vía para establecer una fiscalía internacional, todos los casos internaciones tienen que ver con las Naciones Unidas.
También habló de los conflictos de intereses de algunos perredistas, como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Angélica de la Peña Gómez, y de otros militantes que durante el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trataron el caso Iguala.
El conflicto de interés es muy grande “porque está llevando al gobierno y a México contra la pared, lo que es sumamente delicado”, subrayó Miranda de Wallace, quien opinó que tampoco nadie debe venir de fuera a tratar de solucionar los problemas de los mexicanos, toda vez que México tiene las instituciones capaces para resolverlos.