Con una acumulación de 20 mil 332 millones de dólares por concepto de multas, trasnacionales petroleras como Shell, Chevron y BP (anteriormente British Petroleum), han causado los peores desastres ambientales de la historia, serán las que participen en la segunda etapa de licitaciones de la Ronda Uno, mientras que los consorcios nacionales Grupo Carso y Grupo Bal, han sido responsables de casos de contaminación ambiental o de violentar los derechos de las comunidades donde se asientan, denunció la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
En voz de la investigadora independiente Tamar Hayrikyan, se denunció que además de cumplir con determinados criterios económicos, las empresas nacionales y extranjeras que deseen participar en actividades petroleras en México deberían entregar al gobierno y difundir ante los ciudadanos un listado completo de los problemas medioambientales que han causado en otros países, los procesos por conflictos laborales y violaciones a derechos humanos que enfrentan, así como las investigaciones por prácticas de corrupción que se les siguen en diversos tribunales.
Recordó que debido a la baja participación en la primera licitación de la Ronda Uno, la Secretaría de Energía (Sener) flexibilizó los requisitos contenidos en los modelos de contratos y las bases de participación, lo que entre otras cosas exime a las empresas de la obligación presentar algunos informes, tales como el reporte de ingeniería y el de construcción de instalaciones.
“Esta flexibilización es particularmente preocupante ante los antecedentes de corrupción, daños medioambientales y violaciones graves de derechos humanos por parte de cinco empresas (Shell, BP, Chevron, Grupo Carso y Grupo Bal). Algunas de estas empresas tienen operaciones en México desde hace años y han sido señaladas por prácticas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y control territorial estratégico”, señaló Tamar Hayrikyan.
Por su parte, Patricia Legarreta, integrante de la organización destacó la importancia de que México cuente con un marco regulatorio e instituciones fuertes en materia de transparencia y rendición de cuentas empresarial que regule adecuadamente las operaciones de las empresas y que dote a las comunidades y la ciudadanía de mecanismos para defender sus derechos y vigilar el desempeño de las corporaciones en el aprovechamiento del petróleo nacional.
De acuerdo al reporte de observación sobre las empresas que participan en la Ronda Uno, el investigador Omar Escamilla, recordó que en 2005, la Unidad Minera Sabinas del Grupo Industrias Peñoles, que forma parte de Grupo Bal, propiedad del empresario Alberto Bailleres, derramó mil metros cúbicos de substancias con metales pesados y químicos en el arroyo El Canutillo en el municipio del Sombrerete, Zacatecas.
Sumado a ello, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos acusan a Peñoles de acaparamiento y contaminación del agua en beneficio de sus empresas.
Asimismo, un caso similar ocurrió en Ascención, Chihuahua, donde campesinos y ejidatarios acusaron a la subsidiaria de Peñoles, Minera Bismark de sobreexplotar los mantos freáticos y contaminar los mil 600 pozos que abastecen a varias comunidades, mientras que en Sonora, Peñoles también ha sido acusada de contaminar el arroyo Milpillas con sulfato de cobre.
En tanto el caso de Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos Slim, la investigación reflejó que dicho consorcio no tiene experiencia en la explotación de hidrocarburos, no obstante, otra empresa de Slim, la minera Frisco, es denunciada en Tetela de Ocampo, Puebla, por incumplir el derecho a la consulta libre, previa e informada como marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México.
Señaló que en Zacatecas, pese a la oposición de más de cien familias de la comunidad de Salaverna, Frisco continuó con sus actividades que repercutieron en derrumbes, fracturas en las casas, acaparamiento de agua y expone salidas de gas que llegan directo a las comunidades, además de que también se acusa a la empresa de presentar títulos de propiedad falsos para despojar a los habitantes.
En el caso de la multinacional Chevron, el investigador señaló que la empresa ha reconocido que participó en el proceso de cabildeo para la apertura del sector energético nacional a capitales privados y ocho años antes de que en México se permitiera la participación privada en actividades de producción y exploración de hidrocarburos, esta empresa ya contaba con una unidad de exploración y producción en el país.
Agregó que la trasnacional Shell ha sido acusada por Petróleos Mexicanos (Pemex) por la compra de petróleo de tomas clandestinas en la cuenca de Burgos mientras que en 2012 BP se declaró culpable de 11 cargos, entre ellos el de negligencia por el desastre de la plataforma Deepwater Horizon que causó la muerte de 11 trabajadores y provocó un derrame de 4 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México.
“Pese a los riesgos evidentes, los procesos de licitaciones generados con la reforma energética son una oportunidad para crear e implementar mecanismos de rendición de cuentas empresariales que garanticen el respeto de los derechos humanos”, consideró Legarreta.