Más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos suscribieron una carta con tres demandas para Zeid Ra'ad Al Hussein, la primera de las cuales es que emita un informe público sobre la situación en México y que sea presentada ante los poderes del Estado y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"Dicho informe, en nuestra opinión, debiera contener mecanismos adecuados para evaluar, entre otros, los avances y retrocesos en las medidas implementadas por el Estado mexicano en cuanto a la investigación, procesamiento, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos en el país", indica el texto.
Otra demanda es que la Oficina en México del Alto Comisionado haga pronunciamientos públicos, para lograr avances en las investigaciones de violaciones graves, y que pueda llamar al respeto de obligaciones internacionales cuando la actuación del Estado sea deficiente.
En el último punto le piden que se apoye a México en la creación una comisión internacional contra la impunidad, formada por expertos independientes nombrados por el Secretario General de la ONU, para fortalecer el derecho de las víctimas y la persecución penal de las violaciones graves.
"Y coadyuvar con la autoridad en la identificación y sanción de los servidores públicos que transgredan sus obligaciones y responsabilidades en materia de corrupción", añaden.
En la carta, organizaciones como Freedom House, Incide Social, el Centro Pro, Serapaz y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, entre otras, advierten que desde 2006, con el anuncio de la "guerra contra el narcotráfico", se han incrementado los índices de violencia.
Desde entonces, aseguran, se han contabilizado 102 mil 696 homicidios intencionales, de las cuales 70 mil son ejecuciones extrajudiciales; 4 mil 55 denuncias de tortura, una cuarta parte en contra de militares, y 28 mil 821 desaparecidos.
Además, 281 mil 418 desplazados internamente, 8 casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos y más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos.
"Dichas cifras revelan que México enfrenta una profunda crisis de derechos humanos y que siguen sucediendo hechos atroces en la actual Administración del Presidente Enrique Peña Nieto", señalan.
El documento dirigido a Zeid Ra’ad Al Hussein es suscrito entre otras por los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Fray Bartolomé de las Casas; por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección a los Derechos Humanos; y por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 75 organizaciones de 21 entidades.
Las organizaciones le hacen saber al Alto Comisionado que en febrero y marzo de este año visitaron el país respectivamente el Comité contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial sobre Tortura, ambos organismos de Naciones Unidas, que manifestaron su preocupación ante este tipo de violaciones a garantías fundamentales y la constante y sistemática práctica de la tortura y la desaparición forzada.
Sin embargo, lamentaron las ong, en lugar de tomar en cuenta las observaciones de esas instancias internacionales, la administración de Peña Nieto las desconoció y descalificó pero sin poder explicar sus cuestionamientos a los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Lo mismo sucedió –agregaron— con la reciente visita in loco (en terreno) que realizó la semana pasada una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su reporte preliminar dijo que en México hay una “grave crisis” en la materia, conclusión que “una vez más desestimó” el gobierno mexicano al considerarlas “ajenas a la realidad” del país.
Por ello, le realizaron varias peticiones: que asuma una posición proactiva en el monitoreo de violaciones a derechos humanos en el país y en el señalamiento público a las obligaciones del Estado en la materia; que fortalezca las labores de su Oficina en materia de protección de los derechos humanos en México, particularmente a través del robustecimiento de sus funciones de observación, y que ésta haga pronunciamientos públicos.
También solicitaron al Alto Comisionado brindar apoyo al Estado mexicano para el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos y de casos de corrupción, que funja como un órgano integrado por expertos independientes nombrados por el Secretario General de la ONU cuya finalidad sea fortalecer el derecho de las víctimas a la coadyuvancia en la investigación y persecución penal de violaciones graves a esos derechos y de coadyuvar con la autoridad en la identificación y sanción de los servidores públicos que transgredan sus obligaciones y responsabilidades en materia de corrupción.