México tiene una sobrepoblación carcelaria de un 25% de manera continuada durante los últimos diez años y el Distrito Federal es el lugar en el que se registran los mayores problemas de hacinamiento en las prisiones.
"Hay una grave crisis en las prisiones mexicanas", dijo Ruth Villanueva, visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante la presentación de un análisis puntual sobre el tema.
Según el informe, 28 de los 388 centros penales del país se registra una sobrepoblación de más del 40%, una situación calificada por las autoridades como "riesgo crítico". Hay penales donde se registra un 100% de sobrepoblación.
El análisis detalla que en otros 20 centros penales se registra una sobrepoblación de más del 20% de la capacidad para la que están preparados y especifica que en el caso del Distrito Federal hay tres reclusorios diseñados para 1.200 reos con una capacidad ya ampliada a 6.000 personas, pero que en la actualidad albergan a 13.000 internos.
Además, uno de cada cuatro de los 254.000 prisioneros encerrados en el sistema penitenciario no cuenta con un espacio óptimo de habitabilidad. Esto es: no tiene cama. "La sobrepoblación lleva a la ingobernabilidad y ésta, a su vez, al autogobierno. Hay falta de personal y el personal no siempre está capacitado, es el caldo de cultivo perfecto para que sean los presos quienes marcan su propia normatividad", dijo Villanueva. El informe recoge que el autogobierno se registra en 76 centros penales. "Y eso es muy grave".
Otro de los principales problemas que denuncia la Comisión es que la salud en el interior de los penales es "un derecho muy mermado".
"Los privados de libertad no son atendidos, no hay medicamentos, hay carencia de médicos generales, no digamos de especialistas", detalló la funcionaria. Villanueva también criticó el sistema actual de penas, largas y acumuladas de hasta más de un siglo. "La gente va a envejecer y morir en prisión y eso requiere atención geriátrica además de que va en contra del principio de reinserción social recogido en la constitución".
La Comisión criticó que, en un contexto en el que la mitad de los prisioneros lo son en calidad de procesados, no cuentan con una condena en su contra, no se cumple la separación de ambos tipos de presos. Al igual que no se cumple la separación por sexos, por tercera edad, por población indígena ni por condición de primodelincuentes.
También señaló que la calidad y cantidad de los alimentos no son los adecuados y muchas veces es la familia quien debe correr con los gastos.
Al señalar que en 76 de los centros de reclusión “los reos tienen un sistema de autogobierno, ellos imponen sus propias reglas ante la carencia de personal”, la tercera visitadora señaló que del total de 254 mil 705 internos, 80.79% son procesados o sentenciados por delitos federales, en tanto que el resto por delitos del orden común.
La visitadora de la CNDH destacó que de acuerdo a cifras de enero a diciembre de 2014, se registraron mil 737 incidentes, 993 en centros estatales, 740 en centros federales y cuatro en prisiones militares; 117 homicidios y suicidios; mil 435 riñas, 700 en penales locales, 735 en Ceferesos, en tanto que el organismo tiene un acumulado de 6 mil 121 quejas presentadas tanto de Ceresos como Ceferesos.
“Las quejas de mayor incidencia se refieren a la mala atención en materia de salud –explicó la visitadora–, es un tema muy delicado en las prisiones, es uno de los ejes que más se ha mermado por la sobrepoblación, falta medicamentos, hay quejas por la falta de atención de especialistas; la carencia de personal no es únicamente de custodios, sino todo el personal técnico, sobre todo médicos generales, que no hay, y mucho menos especialistas”.
Al señalar que el aumento de las penas “no es la solución para acabar con la delincuencia”, Villanueva Castilleja resaltó que “la gente que está sometida a grandes penas va a envejecer y morir en prisiones, hay sentencias de más de 100 años y la gente necesita por la propia edad tener atención geriátrica”.
Indicó que al haber sobrepoblación en siete centros federales, “no cumplen con los requisitos de alta seguridad”. Comentó que en el caso del penal del Altiplano, la sobrepoblación ronda en “300 reos más de la capacidad instalada”, que es de mil 024.
Señaló que después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, a la Tercera Visitaduría llegó “una queja con varias firmas, por la que los internos denunciaban que objetos que habían sido introducidos anteriormente, les fueron retirados, y que las visitas se las han estado espaciando”.
Agregó que el organismo también está atendiendo las quejas de familiares de custodios procesados por la evasión del narcotraficante, “referidas a que no habían podido visitarlos (a los custodios), que no podían ingresar al centro penitenciario, o piden que sean trasladados de centro”.
Villanueva puntualizó que los efectos de la sobrepoblación en materia de derechos humanos se traducen en “el déficit de espacios humanamente habitables; el hacinamiento como resultado de una ausencia o inadecuada clasificación de la población; falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de internos ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias”.
Asimismo, identificó como otros problemas “insuficiencia de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna en prisión y falta de oportunidades reales de acceso a los medios para lograr la reinserción adecuada”.
Villanueva Castilleja puntualizó que la crisis penitenciaria requiere con urgencia una respuesta integral de Estado, es decir, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con apego a estándares internacionales de derechos humanos.
El estudio de la Tercera Visitaduría fue enviado por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a los mandatarios del país, así como al comisionado nacional de Seguridad, a los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, así como los presidentes de las comisiones, defensorías y procuradurías estatales de derechos humanos.