Gran parte de las mujeres privadas de su libertad tienen una historia de violencia de género detrás y que aún en reclusión, deben respetarse sus derechos humanos y las instituciones tenemos la obligación de garantizarlos, indicó Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
Al inaugurar el Foro Internacional Mujeres en reclusión. legislación y políticas públicas con perspectiva de género, una tarea pendiente, indicó que uno los objetivos
es que a través de la mirada de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Academia, las Instancias Gubernamentales y el Poder Legislativo sean revisadas sus atribuciones y desarrollen acciones que permitan garantizar los derechos humanos de las mujeres en reclusión.
Cruz Sánchez destacó ante más de 500 asistentes, que la mayoría de estas mujeres han sufrido violencia en el ámbito familiar, escolar, comunitario, social e institucional; han sido abandonadas por su pareja, por muchos de sus familiares y por las instituciones, es decir, el sistema penitenciario se rige fundamentalmente por modelos masculinos. Las y los juzgadores actúan bajo una errónea conceptualización de cómo deben ser y comportarse las mujeres, lo que provoca prejuicios iniciales.
“Las y los juzgadores no fueron formados en el marco de los Derechos Humanos, les cuesta trabajo insertar en su actuar la perspectiva de género, ignoran las cadenas de acontecimientos y situaciones que las llevaron a prisión, y consideran los delitos, presuntamente cometidos, con una extraña seudo objetividad, lo que termina discriminando y perjudicando a estas mujeres”, abundó.
En el Instituto Nacional de las Mujeres, insistimos en la prevención como la mejor medida para evitar la delincuencia femenina, por ello, consideramos de la mayor importancia disminuir la violencia en el ámbito familiar, elevar el nivel educativo de las mujeres, así como mejorar sus condiciones laborales y las oportunidades para acceder a un empleo en términos de igualdad con los hombres, señaló.
El organismo que presido, ha venido haciendo un trabajo conjunto con el Poder Judicial, “estamos capacitando en perspectiva de género a defensoras y defensores públicos, a jueces y juezas, policías y agentes del Ministerio Público; también a defensores de oficio, peritos, médicos legistas, personal de trabajo social y de custodia, porque consideramos fundamental su actuación en el acceso de las mujeres a la justicia, tanto de víctimas como de indiciadas”.
Son más de 13 mil 400 mujeres, es decir el cinco por ciento de la población penitenciaria, que necesitan y merecen de nuestra atención; de ellas, la mitad está en calidad de procesadas, encarceladas sin haber sido declaradas culpables, cuando tal vez podrían estar cumpliendo sanciones alternativas, pues más del 90%, no tienen antecedentes penales, informó.
Respecto a las condiciones carcelarias, reconoció que el hacinamiento, la corrupción, la nula o inadecuada atención médica y la falta de privacidad son el común denominador en la vida de las mujeres privadas de su libertad, y que se carece de políticas públicas para atender esa realidad.
La mayoría de las reclusas por delitos federales cometieron delitos contra la salud, 64 de cada 100 presas. Del total de reclusas por el fuero común y federal, 28 por ciento están por cometer delitos como robo y fraude y 22% por crímenes graves como secuestro y homicidio.
La Presidenta del Instituto anunció que el próximo año se elaborará un diagnóstico respecto a las circunstancias en que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres reclusas, tanto los que viven con ellas como los que están afuera, para diseñar políticas públicas que los atiendan de manera integral.
También, estamos trabajando en un proyecto de revisión de expedientes de mujeres indígenas privadas de su libertad con una visión de género e interculturalidad, para determinar si sus juicios cumplieron con el debido proceso y de ser posible excarcelarlas.
Lorena Cruz se manifestó porque este foro contribuya de manera decidida a generar las sinergias y prefigurar los caminos que tenemos que emprender para mejorar sus circunstancias y convoco a los integrantes del Congreso de la Unión y a los congresos locales a revisar sus ordenamientos jurídicos para detectar preceptos discriminatorios o violatorios a los derechos de las mujeres.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), indicó que día a día se incrementa el número de mujeres en reclusión por delitos del fuero federal y común, cuya infraestructura, organización funcionamiento y políticas no están adaptados a las necesidades de este sector.
Al considerar que las mujeres no deben ser invisibles, aun y cuando representen el cinco por ciento del total de la población reclusa, pugnó por atender las recomendaciones internacionales que les aseguren el cumplimiento de sus derechos humanos.
A nombre de la organización civil “Equis Justicia para las Mujeres”, su directora ejecutiva Ana Pecova, informó que hay un incremento alarmante de mujeres en la cárcel por delitos contra la salud de más de 100 por ciento, contra el 40 por ciento en el caso de los hombres.
Además, cada día más mujeres se involucran en este tipo de delitos que son mayormente perseguidos y prevalece un sobreuso de prisión preventiva, como respuesta inmediata en lugar de que sea el último recurso.
Más de 50 por ciento de las mujeres presas están en espera de sentencia; 78 por ciento de las reclusas por estos crímenes tienen entre 18 y 40 años; 98 por ciento no tiene antecedentes penales, señaló.
SEÑALAN COMPLICIDAD BAJO PRESIÓN
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, señaló que el número de mujeres reclusas por delitos del fuero federal, principalmente por complicidad bajo presión de sus parejas, familias o económicas, se incrementó durante los últimos años.
Asimismo, abundó, los temas pendientes en materia de legislación y políticas públicas bajo una perspectiva de género, para garantizar que estas mujeres, así como sus hijos, tengan pleno respeto de sus derechos humanos.
En ese sentido, resaltó que la LXIII Legislatura trascenderá por sus acciones en beneficio de las mexicanas, pues en este tema quedan muchos pendientes, como revisiones, políticas internas de cada centro penitenciario, el hacinamiento, entre otros.
En el acto realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los participantes aseguraron que las indiciadas ven violentados sus derechos dentro de los centros penitenciarios por la falta de una infraestructura adecuada, y políticas públicas especializadas para su atención, principalmente de quienes son madres.
A su vez, la abogada general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Erika Marcela López Vargas, aseguró que los derechos fundamentales de las mujeres son violentados dentro de los centros de reclusión.
Detalló que esa situación fue expuesta gracias a investigaciones académicas y periodísticas que revelaron irregularidades cometidas en estos lugares.