Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en México se han incrementado drásticamente a raíz de que el gobierno reforzó los operativos en sus fronteras por una ola migratoria en Estados Unidos el año pasado, reveló un reporte de varias ONG.
El plan Frontera Sur que implementó el gobierno mexicano en julio de 2014 "ha significado violación a los derechos humanos, un cierre virtual de la frontera, una retención masiva y por supuesto una deportación masiva de personas migrantes", denunció el sacerdote Tomás González, director de un albergue humanitario para migrantes, durante la presentación del informe en Ciudad de México.
"Ha sido una herramienta para hacer daño a las personas migrantes y el brazo ejecutor es el Instituto Nacional de Migración, (...) que se ha policializado" pese a que la estrategia gubernamental fue presentada como un plan "en favor de los derechos de los migrantes (...) y el desarrollo social" de la zona, abundó.
Un total de 97.254 migrantes fueron aprehendidos en México entre julio de 2013 y junio de 2014 contra los 168.280 retenidos en el mismo lapso del año siguiente, lo que representa un aumento de 73%, indica el informe "Un Camino Incierto", realizado por nueve ONG, entre ellas la estadounidense Washington Office on Latin America (WOLA) y el Centro de Análisis y Reflexión Fundar.
Impunidad latente
Según el informe, se han documentado secuestros, extorsiones, robos y agresiones durante los operativos gubernamentales "que se llevan a cabo cada vez más en colaboración con instancias de seguridad", y la gran mayoría de esos delitos siguen impunes a pesar de la creación de fiscalías especializadas.
En el estado de Oaxaca sólo ha habido cuatro sentencias para delitos contra migrantes en los últimos cuatro años, pese a haber recibido 383 denuncias.
Por otro lado, el informe deplora que las autoridades participen en uno de cada cinco delitos contra el migrante, según cifras de La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.
El reporte asegura que la Policía Federal es la fuerza que más participa de estos delitos (29,8%), seguida de las policías preventivas municipales (22,8%) y las policías estatales (7,4%).
Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido pocas recomendaciones a las instituciones denunciadas: sólo cuatro fueron enviadas en relación con las 1.617 quejas recibidas de diciembre de 2012 a junio de 2015.
"Dos muros" fronterizos
Pero los crecientes peligros para los migrantes no se limitan a la frontera sur. En la frontera norte "hay dos muros, el primer muro es la mafia, que a veces es mucho más difícil de atravesar que el muro (legal) de Estados Unidos", estimó Marla Conrad, de la Red Sonora.
En su informe, los activistas retratan la historia de un mexicano que tras vivir casi toda su vida en Estados Unidos fue deportado a la mexicana Sonora, donde fue obligado durante un mes a trabajos forzados para cavar un túnel, presumiblemente para transportar drogas a Estados Unidos.
"Trabajábamos toda la noche, no nos dejaban dormir. Si nos quedábamos dormidos traían agua fría en la cara o nos daban una patada en el estómago (...). Tomaron algunas de las personas que fueron secuestradas cuando eran débiles por no comer y se habían vuelto locos diciendo que 'su tiempo había llegado'", relata este hombre bajo el anonimato, quien logró escapar.
México detuvo un 73% más de migrantes desde el lanzamiento de una operación para reforzar la seguridad de su frontera sur, según un informe difundido por un grupo de derechos humanos y varios defensores de los migrantes.
El estudio de WOLA señaló que México arrestó a 168 mil migrantes desde julio de 2014 a julio de este año frente a los 97.000 que había detenido en el mismo periodo anterior, mientras activistas dijeron que a la par de la operación se han incrementado los abusos y delitos contra migrantes, incluidos los cometidos por parte de las autoridades.
"El Programa Frontera Sur ha sido todo un éxito para ellos (el gobierno), por supuesto. Sus números, los lanzan con mucho orgullo", dijo Fray Tomás González, un sacerdote que dirige un albergue de migrantes en el estado de Tabasco, en los márgenes del Golfo de México y un paso tradicional de personas que buscan llegar a Estados Unidos.
"Creo que para nosotros debería ser el gran fracaso de la sociedad mexicana y del Estado mexicano en su responsabilidad con los hermanos centroamericanos", añadió.
La Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior, remitió las preguntas sobre el estudio al Instituto Nacional de Migración, que hasta ahora no había respondido.
Los datos provienen del gobierno, los refugios de migrantes, entrevistas con las autoridades, migrantes y sus defensores.
México lanzó el plan Frontera Sur durante el verano de 2014 al mismo tiempo que Estados Unidos registraba un gran aumento en el ingreso de menores de edad no acompañados que llegaban desde Centroamérica escapando de la violencia en sus países de origen.
WOLA, con sede en Estados Unidos, señaló en el sumario de su estudio que la aplicación estricta de las leyes migratorias tiene "consecuencias preocupantes" para los derechos humanos y que se han detectado casos de migrantes heridos e incluso asesinados durante operativos de las autoridades.
También indicó que la presión sobre los migrantes los ha forzado a abandonar rutas ya establecidas en dirección al norte, por ejemplo el tren de carga conocido como "La bestia", y optar por alternativas más peligrosas en las que se multiplica su vulnerabilidad. Caminar o desplazarse en barcos son algunas de ellas.
A su vez remarcó que hay un patrón continuo de delitos contra los migrantes como el secuestro, el robo, la extorsión y la violación de sus derechos humanos; sobre todo durante las detenciones y los procesos de deportación.
Alberto Donis, directivo de otro albergue en el estado sureño de Oaxaca, dijo que han detectado también un "aumento de la violencia en toda la ruta".
La organización denunció que raramente se sanciona a quienes abusan de los migrantes. Sólo cuatro de las mil 600 denuncias recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante los últimos tres años han tenido como consecuencia recomendaciones formales a instituciones públicas implicadas en los abusos.