En la discusión sobre regulación de marihuana, se deben considerar aspectos como: controles de precios de la cannabis y del mercado negro, carga tributaria y normas de etiquetado, afirmó Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad.
En cualquier alternativa regulatoria de drogas se tendrá una combinación de problemas de control y de complicaciones asociadas al consumo, pues “un país puede escoger qué tipo de problema de drogas quiere tener, pero no puede escoger no tener un problema de drogas”, indicó.
El especialista participó en el foro “Audiencias Públicas y la Segunda Reunión del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana”, que organizan de manera conjunta las cámaras de Diputados y Senadores.
Afirmó que en México “no existe una serie sistemática de precios de marihuana, lo cual lleva a la pregunta: ¿de qué tamaño ese mercado?”. Ello –dijo– debería convocar a la acción y, como mínimo, de esta discusión, a un compromiso de generar más información, más análisis, sobre el tema.
Subrayó la importancia de considerar distintas alternativas regulatorias de la marihuana, como, por ejemplo, la implementación de “una carga tributaria, si se quisiera tener su comercialidad” y normas de etiquetado, para definir qué información se le debe dar al consumidor.
Asimismo, un sistema donde se permitiera el cultivo, pero no la comercialización, o uno en el cual se formaran cooperativas de consumidores, “a la manera de los clubes sociales de cannabis en España”.
Analizar también –refirió– la ejecución de un mercado donde haya un monopolio del Estado en uno o todos los eslabones de la cadena productiva; o una modalidad comercial donde nada más se permita la producción y comercialización a organizaciones sin fines de lucro.
Además, –indicó–, establecer un control de precios de la cannabis, lo cual “abre un problema muy de fondo (sobre) cuál es el precio del mercado negro, espejeado, ¿el que se da en la Ciudad de México o el que se da en la frontera?, porque les aseguro que es distinto”.
Comentó que debe reconocerse que buena parte del debate sobre regularización de la cannabis se dará con altísimos grados de incertidumbre y con enormes lagunas de conocimiento sobre la operación del mercado de la marihuana en México.
Indicó que en el país se tiene una dificultad relativamente moderada de salud pública sobre el uso de marihuana, donde se ha contenido el consumo, pero “hay problemas serios de seguridad, de corrupción, de violencia, asociados a la operación de ese mercado ilícito”.
“La discusión no es binaria, no es prohibición o legalización, la discusión se va en un continuo regulatorio”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth (PAN), afirmó que en el debate sobre las alterativas de regulación de la marihuana, se deben tomar “con imaginación y responsabilidad política las mejores decisiones para México”.
Al participar en el foro “Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana”, el legislador agregó que el objetivo “es el de construir un conjunto de políticas públicas que, entrelazadas y en función de sus propósitos, puedan resolver algunos de los problemas asociados al mercado, ahora ilícito, de las drogas y concretamente de la marihuana”.
Busquemos, comentó, “con sensatez, las alternativas regulatorias. En una sociedad regida por el derecho, toda conducta o actividad tiene alguna dimensión de regulación”.
“Debemos aproximarnos desde la perspectiva científica-objetiva a la mejor manera de modificar los efectos, los problemas y los daños que pueda generar el consumo de los estupefacientes y específicamente de la marihuana”, indicó.
Al respecto dijo que “las preguntas que nos debemos hacer es si podemos dar un paso en el uso medicinal de la marihuana para detonar aplicaciones terapéuticas que, además, incentiven la investigación científica y que nos aporten información valiosa para conocer los efectos positivos o negativos en la salud”.
En el mismo sentido, expuso, está a debate el “abrir una opción productiva de muchos campesinos mexicanos que hoy (al cultivar productos prohibidos) están bajo la ley de la plata o el plomo”.
“Debemos preguntarnos si podemos cambiar la política criminal para no penalizar el consumo de marihuana. Entre 2007 y 2009, el 58 por ciento de los delitos de narcomenudeo estaban asociados al consumo de la cannabis”, manifestó.
Al respecto, aseveró, “hicimos la modificación a la Ley General de Salud y el índice no ha bajado sustancialmente, hoy el 53.5 por ciento de los casos que la Procuraduría General de la República (PGR) reporta como delitos contra la salud los asocia a consumo”.
Ello, apuntó Gil Zuarth, “genera un efecto social negativo, pues un consumidor no debe estar en la cárcel, desprendido de su familia, lo que provoca mayores costos sociales”.
Asimismo –destacó– “tenemos que preguntarnos qué podemos hacer como política pública para que quienes están en las cárceles puedan recobrar su libertad, incluso a través de programas de libertad condicional”.
Sobre el foro, el legislador aclaró que “no hay ninguna conclusión definitiva ni pre configurada de estas audiencias” y que éstas “no rivalizan con otros ejercicios que se están realizado en el país”, como al que convocó el Poder Ejecutivo Federal.
Unos y otros, argumentó, “son complementarios y, en algún momento, tendrán que converger y cruzarse en el camino para construir las políticas públicas que nos ayuden a remediar los daños y efectos de la existencia de un mercado de marihuana y de drogas en el país”.
Este foro, señaló antes de concluir su intervención, “es un ejercicio inédito, nunca antes se había convocado a un proceso de reflexión, diálogo y debate” sobre un tema como el de la marihuana, ni se había hecho “acompañar de un consejo técnico asesor, con representantes institucionales y expertos, que nos ayuden a ilustrar técnica, científica y objetivamente un debate tan serio como este”.