Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sugirió hacer ajustes en la Constitución, ya que considera que en algunos capítulos y en su forma “son un desastre”.
Valadés Ríos señaló que los ajustes técnicos serían para homogenizar su contenido. “Si bien hacer adecuaciones no resuelve problemas, sí permite sistematizar las formas de manejar, adicionar e identificar qué es lo que se deberá reformar”, indicó.
Al participar en el Foro “México ante el Centenario de la Constitución: La Constitución nos Une” que se llevó a cabo en el Salón de Protocolos del Edificio “C” del Palacio Legislativo de San Lázaro, mencionó que uno de los propósitos centrales de la Carta Magna es crear cohesión social.
“Esa ley es un continuo y debe preocuparnos el orden que nos rige y los efectos que eso tiene sobre nuestra vida cotidiana porque, evidentemente, el mandato constitucional tiene un impacto en la vida social e individual”, aseveró.
Ante la inminencia de su centenario, dijo, es importante señalar que la Constitución no se conmemora, sino se vive. Es un texto que nos habla del pasado, del presente y del futuro de nuestra nación”, agregó.
En su intervención Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), consideró necesario reordenar la Constitución y cambiar de lugar algunas cosas. “Hay defectos técnicos derivados de las reformas que se han hecho y su texto es tres veces mayor a cuando se promulgó en 1917”, subrayó.
Indicó que “es importante agregar un preámbulo a la Ley Suprema, es decir, un resumen de los principios y valores que guían la vida constitucional de la nación, pues el actual es meramente burocrático”.
Estableció que “si se quiere celebrar el centenario de la Carta Magna en 2017, no puede ser con el texto actual. Además, sostuvo, revisar la Constitución daría más claridad a los debates legislativos”.
Aclaró que no se trata de crear obstáculos a su dinámica actual, ni de propuestas para modificar artículos, sino crear un instrumento ordenado.
Por su parte, Francisco Valdés Ugalde, director general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, estimó que el Estado Social sigue en las palabras.
“Si nosotros vemos cómo funciona desde el punto de vista de los bienes públicos que teóricamente debería proveer, tenemos un desierto gigantesco desde la seguridad hasta el desarrollo agrario; desde leyes del trabajo y la protección y la previsión social hasta la pobreza y el problema general del desarrollo económico”.
Hay dilemas, abundó, que enfrenta el sistema político mexicano a través de su constitucionalidad aunque no solo dependan de ello.
Uno, acotó, es una crisis de representación, “la desconfianza profunda de la sociedad en sus actores políticos”; dos, una duda permanente acerca de la real vigencia del imperio de la ley y tercero, si se quiere hablar de un Estado democrático no sólo debe ser electo democráticamente sino funcionar como tal, es decir, cumplir con sus responsabilidades constitucionales.
Apuntó que el Estado hoy por razones principalmente económicas y políticas que lo inducen, no son capaces de proveer los bienes públicos que el país necesita para desarrollarse adecuada y armónicamente y hacer frente a sus problemas.
En tanto, Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, consideró que el centenario de la Constitución de 1917 “no es un límite ni una frontera, sino la oportunidad para que con una mirada renovada, repensemos cómo el proyecto de nación que le da forma y contenido, responde con eficacia los anhelos y las exigencias de nuestra sociedad cambiante”.
La Carta Magna es, en esencia y origen, el pacto político primigenio que, además de darnos identidad nacional, es el conservatorio nacional para los acuerdos sociales.
Reconoció que si bien, a casi cien años de su expedición, los principios de libertad, justicia, democracia y soberanía permanecen inalterables, también lo es que el catálogo progresivo de los derechos humanos constituye un horizonte que se ha ampliado y cobra una mayor vigencia en nuestra democracia constitucional.
César Camacho Quiroz, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que la Constitución de 1917 es un cuerpo vigente, útil y regulador del poder democrático, no obstante que ha sido modificado en un 81 por ciento desde su promulgación.
“Para quienes me han preguntado si han servido las reformas y si estas han valido la pena. Mi respuesta categórica es que si”.
“La mejor forma de honrar a la Constitución es mantenerla viva, no sólo en el sentido formal, sino práctico, útil, eficaz, importante con una situación de apercibimiento que se encuentra vigente”, añadió.