El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló que el recorte anunciado por el gobierno federal afectará la construcción de 20 carreteras que se tenían programadas para este año, lo que provocará el despido de mil 500 trabajadores y una reducción de mil 300 millones de pesos en el gasto corriente en la dependencia.
Luego de reunirse con diputados del PRI y del Partido Verde, Ruiz Esparza, aseguró que el recorte por 12 mil 254 millones de pesos en la SCT es el más grande dentro del gobierno, seguido de la secretarías de Medio Ambiente y Agricultura.
No obstante, dijo que se buscarán alternativas como la inversión público privada para concretar vías de comunicación de importancia social y económica en materia de exportaciones.
“Algunas carreteras que ya están anunciadas van a tener un recorte, pero necesito realmente analizar el asunto para ver si puede haber alternativas o ver qué puede hacerse para tener el menor impacto posible sobre el empleo”, aseguró en conferencia de prensa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó ayer sobre un recorte del gasto público de 132.3 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil 252 millones de pesos corresponden a la SCT.
“Ya está la lista que dio a conocer la propia Secretaría de Hacienda con los proyectos que tendrán alguna repercusión, sin embargo hay que tratar de hacer lo posible por que no haya un efecto de cancelación, sino más bien un efecto quizás de diferimiento”, expuso Ruiz Esparza.
El funcionario añadió que la SCT buscará que las Asociaciones Públicas y Privadas (APP) inviertan para sacar adelante proyectos como el acortamiento entre Aguascalientes y Guadalajara o el proyecto del túnel ferroviario en Manzanillo.
“Tendríamos inversión privada para poder hacer proyectos que sumarían en su conjunto alrededor de 12 mil o 13 mil millones de pesos, estamos tratando de encontrar alternativas de cumplimiento a lo que en un momento dado vemos que no van a tener recursos financieros”, precisó.
Ruiz Esparza resaltó que la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se verá afectada, ya que “es un proyecto autofinanciable, tiene sus propios recursos para realizarse, se está dejando con el presupuesto necesario para seguir avanzando”.
Señaló que la SCT planteó a la SHCP un ahorro de aproximadamente el 15 por ciento en el gasto corriente, lo cual implicará fusionar plazas de confianza, reducir viáticos y gastos de telefonía entre otros, “sumando alrededor de mil 200, mil 300 millones de pesos”.
Además, “estamos viendo el plan de los organismos descentralizados también, para tener una reducción correspondiente”, detalló.
Sobre la construcción de carreteras, el titular de la SCT informó que están concluidos 53 proyectos de 80 que se comprometieron. “Es un gran avance, yo me sentiría muy tranquilo. En todo el sexenio se pronosticó que sí llegamos a 70 o un poco más y dejo públicamente el compromiso”.
“Entre autopistas, carreteras y caminos llevamos más de 30 mil kilómetros, es una meta muy importante, yo aspiro que este tema de restricción financiera pueda mejorar y tendremos que ver, como norma financiera, qué podemos ir haciendo para que los programas se afecten lo menos posible”, finalizó.
A su vez, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa del Ejecutivo federal para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su opinión sobre la rentabilidad económica en el otorgamiento de concesiones.
“Se pretende que únicamente se concesionen o prorroguen los proyectos que resulten económicamente viables”, se señala en el documento.
Fue aprobado en lo general por 403 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones y tras desecharse las reservas presentadas, se avaló en lo particular por 370 votos a favor, 56 en contra y cero abstenciones, y se turna al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Surge de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió el 8 de septiembre de 2015, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Puertos; de Aeropuertos; y Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Establece que la SCT deberá realizar una evaluación sobre la rentabilidad económica de los proyectos de infraestructura de transporte (caminos, puentes, puertos, aeropuertos y servicio ferroviario) que se pretendan concesionar.
Esta evaluación la enviará a la SHCP, con el objeto de recabar su opinión favorable sobre tal evaluación y, de esa forma, pueda procederse con el otorgamiento de la concesión o, en su caso, la resolución de la prórroga de la misma.
La SHCP, como instancia especializada en la evaluación de proyectos de inversión, emitirá opinión con una perspectiva de análisis financiero.
Esta opinión tiene el objeto de que en la determinación del otorgamiento del título de concesión correspondiente o de su prórroga se valoren todas las variables económicas y financieras pertinentes que demuestren que el proyecto que se pretenda concesionar o prorrogar resulta rentable.
Para evitar que el procedimiento de opinión favorable ante la SHCP genere retraso en el otorgamiento de concesiones y prórrogas, se establece un plazo de 30 días naturales para la emisión de dicha opinión; en caso de que no se emita ésta en el referido plazo, procederá la afirmativa ficta.
En el dictamen se señala que la participación de la SHCP en el procedimiento de análisis de la rentabilidad económica de las concesiones que otorga la SCT, contribuye a fortalecer la interacción que debe existir entre las distintas instancias del gobierno federal respecto a la generación de infraestructura y su alineación a los instrumentos de planeación nacional del desarrollo.
Se “recalca que, adicionalmente, las concesiones pueden representar una fuente de ingresos no tributarios en beneficio de la hacienda pública, lo cual adquiere relevancia en un escenario de reducción en los ingresos petroleros”.
En sus transitorios señala que el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
También que las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y las que estuvieren en proceso de otorgamiento antes de dicha fecha, se sujetarán a las disposiciones vigentes anteriores a este decreto.
El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias a que se refiere este decreto, dentro de los 180 días hábiles posteriores a su entrada en vigor.