La Mesa Directiva del Senado turnó a la Cámara de Diputados una solicitud de la bancada panista de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos públicos.
Durante la sesión ordinaria de este martes se dio cuenta de dicha petición y de inmediato, sin discusión, se turnó a San Lázaro para su análisis.
En el documento los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) exponen que según el Informe de la Cuenta Pública 2014 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el daño patrimonial contra el erario veracruzano asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos.
Asimismo se turnó a la Comisión de Justicia del Senado otros dos resolutivos contenidos en el punto de acuerdo presentado por la fracción legislativa panista.
El primero es para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue de inmediato la probable comisión del delito de desvío de recursos públicos federales de la Cuenta Pública 2014 del estado de Veracruz.
El otro es para que la procuraduría también investigue las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación de los años 2014 y 2015, contra diversos funcionarios y ex servidores públicos del gobierno de Javier Duarte, por su probable comisión en el desvío de recursos públicos federales.
egó Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, que haya denuncias en curso ante la Procuraduría General de la República (PGR) de las que interpuso en contra de su gobierno la Auditoría Superior de las Federación (ASF), por no ejercer correctamente fondos federales destinados a educación y salud principalmente, admitió que en el caso de la Cuenta Pública 2014, donde hay observaciones de la ASF, la fase de “solventación no ha iniciado aún”.
Niega Duarte acusaciones
En conferencia de prensa el gobernador negó desvíos de recursos y expresó “vengo con las manos limpias y la frente en alto”, acompañado de su gabinete, de diputados locales y federales y su esposa Karime Macías, donde en todo momento negó sobreendeudamiento en el estado. Incluso justificó la falta de pagos o los pagos en abonos que hace Sefiplan con maestros, proveedores, la Universidad Veracruzana, entre otros, a la alta nómina de maestros que antes pagaba la federación, pero que desde 2015, le toca pagar al Gobierno de Veracruz de sus propios recursos.
Aseguró que las denuncias ante la PGR hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han sido desechadas, no existe una sola vigente, que no haya sido atendida, pero falta solventar observaciones de la cuenta pública 2014.
“Por lo que respecta a la cuenta pública 2014, el proceso de solventación no ha iniciado”, apuntó.
Mencionó que las denuncias que presentó la ASF no procedieron, ya que se ha aclarado en todo momento la aplicación del recurso federal.
“De las denuncias, no ha habido una sola que haya prosperado; las denuncias que la ASF ha hecho por supuestas anomalías han sido atendidas”, señaló.
Asimismo afirmó que el estado contrata a despachos externos, para revisar la aplicación de los recursos públicos.
“Vengo con las manos limpias y la frente en alto, todos los recursos federales se han destinados para los veracruzanos. No se ha empleado un solo peso fuera de lo establecido. Todas las observaciones se están atendiendo; no solo nos audita la ASF, contratamos despachos que nos auditan”, explicó en su mensaje inicial, que reactivó este lunes, después de varios de no tener conferencia en Xalapa.
Resaltó que de acuerdo a estudios nacionales, Veracruz en materia de transparencia y rendición de cuentas se ubica en el quinto lugar nacional.
“De acuerdo con el índice de transparencia somos el quinto lugar nacional por nuestro desempeño”, afirmó y descartó las versiones de su salida las cuales se refieren a los tiempos electorales.
Justificó los grandes egresos y falta de pago de su gobierno con proveedores, jubilados, pensionados, nóminas de maestros, etcétera, al hecho que las plazas estatales subsidiadas de maestros que significan millones de pesos en egresos para el estado, eran subsidiadas por la federación, dejaron de serlo y el estado asumió la responsabilidad. “Por este concepto se pagan 4 mil millones de pesos anuales”.
Recordó fueron acuerdos que se hicieron desde la administración de Rafael Hernández Ochoa, pero que significan miles de millones de pesos para la Entidad.
Narró que desde el 2015, cuando desapareció el FAEB y se crea el FONE, esas plazas dejaron de ser subsidiadas por el Gobierno Federal al tener nuevas reglas de operación con base en las nuevas reglas para el pago de la nómina federalizada.
Aparte cito la "creciente y exponencial nomina de jubilados y pensionados", refirió que se paga a trabajadores del estado y a poderes autónomos. Donde el gobierno se asume como solidario.
Por ello es que el déficit presupuestal ha venido aumentando y el Gobierno del Estado ha tenido que hacer una ingeniería administrativa y financiera para evitar a toda costa que no tengamos recursos para atender estas necesidades que son prioritarias en la agenda política y social del Estado”, expuso en conferencia de prensa en el patio central de palacio de Gobierno acompañado de todo su gabinete y diputados locales y federales del PRI.