El Presidente de la Comisión de Transparencia de la Gestión Pública en la (ALDF), trabajará en una Ley de transparencia, que dentro de sus puntos principales contemple que las contralorías no dependan del poder ejecutivo de la ciudad.
Tras realizarse el reciente Foro de Rendición de cuentas junto al tema de la nueva Constitución de la Ciudad de México, se establecieron parámetros que permitan optimizar y transparentar el uso de los recursos públicos. Que es la principal preocupación de los especialistas que asistieron a dicha reunión.
Aseguraron que la transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en un tema cultural y que se confunde por el hecho de que entre menos denuncias existan estadísticamente somos más transparentes y, no es así.
“…se transparenta el gasto, más no el ingreso, das concesiones y reservas los contratos durante 20 años, si lo reservas no sabes cuánto ingresa al gobierno de la ciudad”, aseguró Ernesto Sánchez Rodríguez diputado local del PAN y Presidente de la Comisión de Transparencia de la Gestión Pública en la ALDF.
Se crean burocracias estructurales, comentó. Explicando en entrevista para el Punto Crítico que al final son las mismas leyes y no tienen un fondo. Sin embargo, este sistema de transparencia, anticorrupción y de fiscalización busca quitar las demás leyes que no están funcionando y no tienen un sistema de sanción severo.
“Hoy en día existe un tema de sanción administrativa, pero no existe un sistema de sanción penal, y el plan es hacer que se sancione de manera penal y también ejercer la extinción del dominio que al funcionario público no solo le duela que va estar sólo en la cárcel, sino que sienta el peso de que le van a quitar la casa a la mamá, al papá, al tío… eso si realmente le va doler al corrupto y al ratero”, dijo el diputado.
Lo que más destacó el panista es que están trabajando en un tema nuevo relacionado a las contralorías, donde estas no dependerán del gobierno de la ciudad. Para evitar que el ejecutivo y estas entidades no ejerzan su trabajo en función del “amiguismo”.
Como por ejemplo, el caso de Virgilio Andrade Secretario de la Función Pública, cuándo eximio al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Hacienda Luis Videgaray de conflictos de interés por la adquisición de lujosas mansiones.