Hace tiempo que el Gobierno Federal dejó de contarnos a los mexicanos lo que ocurrió en la noche de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raul Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa. La razón fue por el desgaste que sufrió esa “verdad histórica” que relatara el entonces Procurado General de la Republica Jesús Murillo Karam, a quien después de las afirmaciones de la quema y trituración de los restos los activistas de derechos humanos que se mueven en la zona de La Montaña en Guerrero, le dijeron de todo porque pretendía quitarles una bandera que visualizaban los posicionaría como víctima de ese régimen a quien dicen combatir. Pareciera que el desasosiego se apoderó de las estructuras gubernativas del país, y cometieron yerro tras yerro, pero finalmente parece que encontraron el camino.
Si de algo tiene urgencia el Gobierno Federal es de comenzar a cerrar esos círculos abiertos que tanto descrédito e incredulidad le han causado en amplios sectores de la población, además de restar motivos a sus antagonistas para seguir medrando políticamente de los yerros de sus principales elementos. No ha sido fácil retomar el control, pero lo más importante es que la economía ha enderezado su camino. La herida social provocada por la desaparición física de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido quizá uno de los mayores escollos para la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, y el activismo desplegado por la organización de derechos humanos “Tlachinollan” y su líder Vidulfo Rosales, asociado a los presuntos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los responsables de catapultar cualquier explicación lógica frente a la sociedad.
El tercer peritaje realizado en Cocula por el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego le otorga una segunda oportunidad al Gobierno Federal para recuperar el control de la narrativa de lo ocurrido esa fatídica noche. La conclusión de que “existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones”, y que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar, representa la oportunidad de modificar la percepción adversa que sobre el tema existe. Desde luego que la acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que la PGR no respetó la confidencialidad y el consenso es una forma de poner en entredicho las conclusiones, pero también hay que señalar que si alguien nunca respeto esa confidencialidad fueron los “expertos” enviados por Emilio Álvarez de Icaza que todo lo litigaron en los medios de comunicación.
No será fácil establecer una nueva percepción en la opinión pública nacional e internacional, pero la oportunidad de rehacer la narrativa de esa “"verdad histórica” a la que acudió Jesús Murillo Karam para explicar los hechos, tendrá que ser el nuevo punto de partida. La charlataneria de los presuntos “"especialistas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a sido evidenciada, y lo mejor que puede hacer Emilio Álvarez de Icaza, si es que todavía tiene un ápice de decencia, es renunciar al encargo que mal ha cumplido. Falta saber que inventara ahora Vidulfo Rosales. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.