Represar el caudal del Río Verde, uno de los últimos ríos sanos que quedan en el país, a través del proyecto de la presa El Zapotillo, afectaría directamente a las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y generaría pobreza sobre la zona de escurrimiento de la cuenca del río.
Los beneficiados del proyecto de la presa serían sobre todo las grandes empresas del corredor industrial de Guanajuato, informó Juan Guillermo Márquez Gutiérrez presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), en entrevista con El Punto Critico Radio.
Para construir dicho megaproyecto el gobierno gastó ya más de 14 mil millones de pesos del erario público, cifra que contrasta con los 266 millones de pesos que ha invertido en renovar únicamente una quinta parte de la infraestructura hídrica de la ciudad de Guadalajara. Incluso, sólo dos ayuntamientos de Jalisco disponen de un programa público para combatir el cambio climático después de que en 2015 se aprobara la ley en la materia.
Hoy en día, miles de casas, ranchos y sembradíos padecen por falta de agua gracias a la veda que la CONAGUA ha montado sobre la zona de la cuenca del Río Verde. Cientos de campesinos que viven en la pobreza han visto cancelados sus pozos de riego y surtido de agua por las autoridades gracias a que se encuentran supuestamente mal situados.
Además, separar con una gran represa el lecho del Río Verde sería tremendamente perjudicial para los microclimas y ecosistemas existentes en la región. Generar un embalse de esas dimensiones con una cortina de más de 79 metros de altura ocasionaría que múltiples especies animales y vegetales sufran impactos irreversibles.
La Asociación Civil denunció que todas las represas cuentan con un periodo de vida útil, después de todo lo gastado y todo lo afectado por un megaproyecto de esta envergadura, y de realizar un trasvase de estas dimensiones de una cuenca a otra, sólo queda el desamparo, la soledad y la sequía de grandes zonas que antes eran ricas en flora, fauna, sales y minerales.
Cabe recordar que Temacapulín ha resistido gracias a manifestaciones, como la toma de la presa en 2011 y la realización de múltiples foros de negociación. De hecho, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua que hoy existe en el ITESO surgió en gran medida como una respuesta a esta problemática.
Juan Guillermo Márquez Gutiérrez expresó total rechazo al proyecto y visibilizar el porqué de la oposición a la cerrazón de las compuertas que darían pie a la gran caja de caudales de la presa El Zapotillo.
Señaló que ante el posible incumplimiento de la normatividad que rige en el estado de Jalisco para las adquisiciones y enajenaciones de bienes y la contratación de servicios, y en materia de austeridad; el procedimiento de contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) para el proyecto de sustentabilidad del río Verde , con un costo al erario de 6 millones 507,961 dólares (112 millones 652 pesos al tipo de cambio de ayer), violó la Ley de Adquisiciones y Obra Pública del estado al superar ampliamente el tope mínimo para obligar a licitación, además de tratarse de un trabajo que –al menos en parte- ya había sido elaborado para la Comisión Estatal del Agua por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Recordó que la denuncia presentada hecha por colectivos que defienden la región de Los Altos ante el posible trasvase de aguas del río Verde a la ciudad de León, se informó de la interposición de una "denuncia de hechos" en la Contraloría del estado, ante "el posible incumplimiento de la normatividad que rige en el estado para las adquisiciones y enajenaciones de bienes y la contratación de servicios, y en materia de austeridad y ahorro".
"Pedimos que el gobierno de Jalisco lleve a cabo una revisión legal del procedimiento de contratación llevado a cabo con la Unops [...] ante la posible ilegalidad en la celebración de los diversos actos jurídicos celebrados, específicamente por lo que se refiere al addendum y a su apéndice II", lo que incluye devolver los montos erogados y abrir expedientes "ante posibles responsabilidades administrativas y penales", agregó.
Hay que recordar que los presidentes de la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala Santiago, Manuel Villagómez Rodríguez, y del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), han señalado irresponsabilidad del gobernador Aristóteles Sandoval, y varios de sus colaboradores (los titulares de la SSG, de Semadet, de Sepaf, y el de la Consejería del Ejecutivo).
En la entrevista se dijo que el monto asignado a la Unops, es considerablemente mayor a 35 mdp, y de acuerdo a las leyes de presupuesto y las que rigen en adquisiciones, obligaban a una licitación pública.
Además, se deben "dar por terminados los actos jurídicos firmados con la Unops, en virtud de la existencia del trabajo para el que fue contratada"; el gobierno estatal también debería pronunciarse "sobre el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el estado", que ha recomendado impedir el trasvase de agua a León.
Aseveró que si se necesita un tercero que apoye a ejecutar esas recomendaciones, le piden al gobernador "solicite el apoyo de la ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para que a través de la invitación que se haga al relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y al relator especial sobre el derecho a la alimentación, se realicen los trabajos correspondientes integrales en la zona geográfica correspondiente a El Zapotillo y su acueducto, y le sean proporcionados los informes y recomendaciones correspondientes respecto del impacto de dichos proyectos para las poblaciones afectadas por los mismos, desde una perspectiva del cumplimiento a los derechos humanos".
A pregunta expresa sobre que esperan luego de poner la denuncia de hecho indicó que le piden a la contraloría "proceda conforme a derecho corresponda [...] y se dé vista a la Secretaría de la Función Pública para que proceda conforme a derecho"; el Ejecutivo, a juicio de los quejosos, deberá escuchar a los ciudadanos "que reclaman no ser excluidos, y se comprometa a una defensa articulada en los derechos de los jaliscienses al acceso... particularmente a los habitantes de la región de Los Altos como afectados directos –productores, ganaderos, empresarios-, en relación con El Zapotillo y su pretendido trasvase de aguas de la cuenca del río Verde a la cuenca del río Lerma".
Por su parte el gobierno del estado de Jalisco han hecho declaraciones como parte de una estrategia de hostigamiento contra los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, impulsada por el Gobierno de Jalisco en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguran los activistas.
Al reaccionar a la advertencia del secretario de Gobierno, Roberto López Lara, que podría darse un desalojo para comenzar el llenado de la presa El Zapotillo. "...son sumamente preocupantes, desafortunadas y violatorias de los derechos humanos, pues se trata de un caso que se encuentra en juicio y que cuenta con suspensiones definitivas que no pueden ser violadas por las autoridades federales y estatales".
Sin embargo hasta hace el pasado martes, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval aseguró que aún no se iniciará con este proceso.