La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), aprobó el dictamen de un exhorto a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), refuerce la seguridad dentro de los penales bajo su jurisdicción.
Consideró que esta política debe basarse en los estándares y tratados internacionales en materia de seguridad penitenciaria, a fin de garantizar el bienestar y respeto a los derechos de los internos, y lograr su efectiva reinserción en la sociedad.
El diputado Adrián Sosa Carpio (Movimiento Ciudadano) propuso el exhorto, donde sostiene que el trato a los internos en los centros de rehabilitación del país “no es el adecuado”, por lo que al cumplir su condena y salir en libertad, suelen reincidir en la delincuencia.
La sobrepoblación de las cárceles, además, es otro de los elementos que afectan las condiciones de vida de los internos y entorpece el funcionamiento del sistema penitenciario, señala.
Ejemplo de ello, continúa, es el estado de Tamaulipas, donde los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Tula, se encuentran sobrepoblados. “Esto significa que más de 50 por ciento de las prisiones de esa entidad, están rebasadas en su capacidad”.
Por otra parte, las visitas de autoridades a los centros penitenciarios para corroborar las condiciones en las que viven los internos “no han sido efectivas”, enfatiza.
En algunos casos, sostiene, no las realiza personal independiente de la administración de la prisión o inspectores calificados y experimentados, lo que da lugar a que se pasen por alto condiciones potencialmente adversas.
“Una de las principales herramientas para la readaptación de los sentenciados, es el trabajo y la capacitación para el mismo; sin embargo, no todos los internos las llevan a cabo, por lo que en muchas ocasiones suelen cometer delitos dentro de los centros”, refiere.
Recuerda que México, como parte de la comunidad internacional, está obligado a respetar y aplicar las normas que rigen a nivel mundial, mismas que, entre otras cosas, dictan que cada interno debe disponer de una cama individual, alimentación de buena calidad y en cantidad suficiente, tratamiento médico gratuito, y celdas con suficiente volumen cubico de aire, calefacción y ventilación.
Estas normas también señalan que el uso de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego, sólo debe permitirse cuando las medidas menos extremas no sean suficientes para impedir la evasión, o en defensa propia o de otras personas por una eminente amenaza de muerte.
Por otra parte, el órgano colegiado avaló el dictamen de una propuesta para solicitar a las autoridades correspondientes que promuevan y fortalezcan estrategias en contra del robo de identidad. Específicamente, en los casos de correo electrónico, redes sociales y banca electrónica.
El llamado para tomar cartas en el asunto es a las comisiones nacionales de Seguridad (CNS), Bancaria y de Valores (CNBV), y para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y a las procuradurías General de la Republica (PGR), Federal del Consumidor (Profeco), y de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
La promovente del exhorto, Sharon Cuenca Ayala (PVEM), enfatiza que en el primer semestre de 2015, se reportaron más de 28 mil casos de robo de identidad, según datos de la Condusef.
Por su lado, el Banco de México advirtió de que nuestro país ocupa el octavo lugar mundial en este delito. El 67 por ciento de los casos, se da por la pérdida de documentos; 63 por ciento, por el robo de carteras y portafolios, y 53 por ciento por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.
La sustracción de datos tiene consecuencias graves que pueden requerir mucho tiempo y recursos económicos para resolverse; por lo general, las victimas tardan en darse cuenta de que su identidad fue robada, y una vez que sucede, es muy difícil recuperarla y es común tener problemas en el futuro, agrega el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En consecuencia, la diputada recomienda a los poderes y órdenes de gobierno hacer un esfuerzo para promover, difundir y fortalecer las estrategias transversales para abatir este delito.
Otros puntos de acuerdo avalados por la comisión fueron: a la Segob, para que garantice la seguridad en el servicio público de transporte ferroviario del país; a la misma dependencia y al SNSP, para que consideren como beneficiario del programa Fortaseg al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.
También, al presidente municipal de Acapulco, Guerrero, para que nombre al titular de la Secretaría de Seguridad Publica de esa demarcación y transparente el proceso para ello; y al SNSP para que informe del avance en la armonización a nivel nacional del número de servicio de emergencias 911.
ENTREGAN DIÁGNOSTICO
La Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015”, donde precisa que las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los 130 centros revisados, se refieren a la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
Conforme al documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos para conocimiento, también se identificaron como faltas importantes, la carencia de personal de seguridad y custodia, prevención y atención de incidentes violentos, es decir, no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender casos como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines.
La mayoría de los centros visitados no cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, y prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos en las áreas de COC, dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor.
Una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, deficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacia los internos.
La CNDH resalta que en 71 centros se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de teléfonos y la seguridad.
Otro asunto persistente es la sobrepoblación, que conlleva a problemas de salud y seguridad. Una deficiente distribución de los internos aunado a la sobrepoblación da como resultado que en una parte importante de centros exista hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad; en zonas donde deben convivir cuatro internos, se encuentran hasta 30.
En algunos penales se observaron áreas de privilegios, presencia de objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
También se constataron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica y carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a los internos y de atención psicológica. De igual manera, prevalecen insuficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos y en la mayoría no se contemplan dietas especiales para enfermos que así lo requieren.
Por lo que hace a centros federales, en algunos es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, y existe hacinamiento en varios de ellos. Hay deficiencias en las acciones para atender y prevenir incidentes violentos.
En seis de los centros visitados, el día de la supervisión se observaron sobrepoblación, deficiencias en las condiciones materiales y de higiene en las instalaciones para alojar a los internos; se detectaron deficiencias en la integración de los expedientes técnico-jurídicos.
Respecto a las prisiones militares, la situación más recurrente es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social.
El diagnóstico se realizó sobre una muestra conformada por 130 centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, de un total de 359 que hay en el país, cuya población total -al día de la supervisión- era de 194 mil 977 internos, 87 por ciento del total de la población recluida en centros estatales.
Se visitaron 21 centros federales, entre ellos los 5 que conforman el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con una población global de 24 mil 455 internos. Se incluyeron las tres Prisiones Militares, que albergan 786 internos. La muestra abarcó el 89 por ciento del total de la población penitenciaria nacional.