La disculpa pública del Secretario de la Defensa Nacional por la conducta de miembros de la fuerzas armadas que habrían torturado a una mujer hace 14 meses en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, constituye un primer paso, que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México, expresó Amnistía Internacional.
Organizaciones nacionales de derechos humanos, han documentado casos desde hace 20 años en los que las fuerzas armadas han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, entre otras.
Amnistía Internacional condenó que la construcción del discurso del gobierno mexicano, se articulara nuevamente en torno a la calificación de los hechos como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta.
Es necesario que el gobierno y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia.
“Es notable que esta sea la primera vez que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) pide disculpas públicas por un caso de tortura, esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”; afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
La condena pública es un paso importante, pero no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos, sino se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas. De lo contrario, México parecería no estar dispuesto o no ser capaz de llevar a cabo investigaciones y procesamientos contra miembros del ejército.
“Es muy cuestionable que existan casos en donde se ha corroborado la participación de personal militar, y a más de 6 años de los hechos las familias sigan esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron a manos de integrantes del Ejército. Se necesita que el Estado mexicano tomen acciones reales frente a la impunidad existente.” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Amnistía internacional hizo un llamado al gobierno de México para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar por parte de las fuerzas armadas. Si bien la organización reconoce las dificultades de seguridad pública a las que se enfrenta el gobierno mexicano y su responsabilidad de proteger a la población, recordó al Estado que la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos. El delito no se combate con más delito.
“Es notable que esta sea la primera vez que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) pide disculpas públicas por un caso de tortura, esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”; afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
La condena pública es un paso importante, pero no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos, sino se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas. De lo contrario, México parecería no estar dispuesto o no ser capaz de llevar a cabo investigaciones y procesamientos contra miembros del ejército.
“Es muy cuestionable que existan casos en donde se ha corroborado la participación de personal militar, y a más de 6 años de los hechos las familias sigan esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron a manos de integrantes del Ejército. Se necesita que el Estado mexicano tomen acciones reales frente a la impunidad existente.” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Amnistía internacional hizo un llamado al gobierno de México para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar por parte de las fuerzas armadas. Si bien la organización reconoce las dificultades de seguridad pública a las que se enfrenta el gobierno mexicano y su responsabilidad de proteger a la población, recordó al Estado que la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos. El delito no se combate con más delito.