Si bien es cierto que las iniciativas que han presentado diferentes actores políticos en México, sobre la regulación del uso de la marihuana medicinal, de forma terapéutica y para investigación científica, han sido un gran avance en el debate del tema, ninguno de los actores participantesha previsto la regulación del mercado que ofrece la yerba.
La iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto, presidente de la República, refiere tres aspectos principales: Primero, autorizó el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana; dos, aprobar la investigación clínica con fines de registro para productos que contengan marihuana y sus ingredientes activos; y tres, propone no considerar como delito la posesión, para uso personal, de hasta 28 gramos de marihuana, conforme a estándares internacionales. De acuerdo a presidencia, esto se traduce en dejar de criminalizar a los consumidores.
Sobre esta iniciativa senadores y diputados deberán trabajar para crear una Ley sobre el uso de la droga que ayude a descriminalizar a los ciudadanos. Los comentarios generales de los legisladores de diferentes grupos parlamentarios han coincidido en que es una iniciativa incompleta, pues precisamente el tema de la regulación del mercado negro de la yerba no se aborda ni se ven intenciones de su regulación.
Cuando se habla de dejar de criminalizar a quienes consumen marihuana, se establecen medidas como liberar de las cárceles a aquellos que portaban o usaban la mariguana en una cantidad inferior a los 28 gramos.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un análisis al “sistema de prohibiciones administrativas” que están establecidas en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, por lo que se concluyó que dicho sistema constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana, es decir no se ha podido liberar el tema sobre la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte.
De acuerdo al reporte de febrero de 2016 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública(CESOP) de la Cámara de Diputados, sobre las audiencias públicas para la regulaciónde la marihuana, la discusión a nivel internacional ha ido aumentando de manera sistemática.
La regulación del uso recreativo de la marihuana ya ha sucedido en otros países de América como en la República de Uruguay, y en Estados Unidos de América, en Washington, Oregón, Alaska y Colorado.
El investigadorde la Dirección de Estudios Regionales del CESOP, José de Jesús González Rodríguez, en su texto “Legislación internacional.Algunos datos para la discusión y el análisis” hablasobre la opinión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la cual se muestra preocupada ante la aprobación de las leyes que regulan el consumo de cannabis en diferentes partes del mundo, por lo que dicha organización invita a “todos los gobiernos y a la comunidad internacional a que examinen detenidamente los efectos negativos de esas propuestas. Pues el probable aumento del uso indebido de cannabis conllevará un aumento de los gastos en salud pública conexos”.
De acuerdo a la investigación realizada por el Doctor e investigador del CESOP, Felipe de Alba Murrieta, en el caso Uruguay, es el Estado el encargado de regular cualquier actividad relacionadacon el consumo o la venta de la marihuana y sus derivados. “Entre otras regulaciones, destacan las referentesal consumidor, ya que puede volverseadicto a la sustancia y afectar su salud física ymental.
En este caso, en Uruguay es la Junta Nacional de Drogas el organismo gubernamental responsable de la regulación, que de acuerdo al texto “¿Cómo establecer un control sanitariode la Cannabis sativa (marihuana)?:un aspecto “sensible” del debate reciente” del Doctor de Alba, ha sido a través de políticas públicas que se busca no afectar las garantías individuales y colectivas, y promover hábitos saludables.
En varios de estos países, los ingresos se ocupan para los sectores de educación, investigacióny tratamiento de problemas relacionadoscon esta sustancia, podría también en México destinarse a la atención y prevención de adicciones, educación, o para los sectores más vulnerables.
Entonces las preguntas que quedan al aire para la legislación en el país son ¿cómo hacer que México pueda seguir este tipo de acciones y leyes que han regulado la venta de la droga? ¿qué hace falta para que los diputados y senadores puedan entrar de lleno a un debate para conseguir una regulación del mercado de la droga? ¿cómo proveer a México de marihuana medicinal sin beneficiar al mercado del narcotráfico?