La bancada panista en el Congreso de la Unión presentará hoy un punto de acuerdo para citar al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a fin de que aclare su situación patrimonial.
Lo anterior porque “las cuentas no cuadran”, pues su ingreso neto acumulado como servidor público, desde que fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal a la fecha, es únicamente de una cifra de poco más de 7 millones de pesos, y el patrimonio que ha acumulado desde 2004 a la fecha, es de al menos 25 millones 831 mil 155 pesos.
En conferencia de prensa, la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza, señaló que “en Acción Nacional vemos con preocupación la opacidad con la que el Jefe de Gobierno de la Ciudad se conduce y que genera enormes sospechas sobre la forma y los objetivos que persigue al tomar decisiones”.
Consideró que quedó en el olvido su eslogan “Decidamos juntos”, pues cada día es más evidente que las decisiones las toman unos cuantos de manera autoritaria, parcial, negligente, ignorando la opinión ciudadana y la de los expertos.
E incluso, agregó, Mancera lo hace de forma contraproducente como es el caso del endurecimiento del Hoy No Circula, donde a ningún capitalino se le preguntó sobre lo que consideraría adecuado para dejar el auto en casa.
Gómez del Campo Gurza expuso que en el caso de las foto multas, el gobierno de Mancera decidió ocultar el contrato y el anexo técnico.
“Fue hasta que se denunció en medios este hecho y que acudimos a presentar una queja ante el Instituto de Acceso a la Información Pública local que se abrió la información; aún seguimos sin conocer la licitación en su totalidad, lo que nos permitiría saber por qué se decretó desierta y se adjudicó directamente a la empresa Autotraffic”, dijo.
Agregó que lo anterior es importante porque de ahí se desprende que las foto multas son un jugoso negocio de más de 200 millones de pesos anuales, con 150 mil multas fijadas conantelación y por contrato, lo que es increíble, y de las cuales la empresa obtendría un beneficio del 46 por ciento por multa.
Otro de estos grandes negociazos que operan con total opacidad son los llamados Bajo-puentes que son áreas comerciales construidas en espacios públicos en su mayoría debajo de los puentes del Circuito Bicentenario y en otras vialidades. Estos locales comerciales han sido entregados para su explotación a bancos, tiendas de conveniencia, panaderías, restaurantes, y otros comercios haciendo uso de los famosos PATR´s (Permisos Administrativos Temporales Revocables). Incluso el gobierno ha entregado la explotación publicitaria durante diez años de estos espacios a la empresa Ipkon SA de CV misma que, sin concurso y sin licitación, se benefició en 2011 con el espacio de 102 túneles localizados en diversas vialidades de la ciudad.
Sostuvo que los grandes negocios del gobierno en la ciudad no paran ahí, pues durante años se han padecido las cuotas y los métodos cada vez más agresivos con los que funcionan las grúas en las 16 delegaciones.
“La administración de Mancera lanzó el 31 de octubre de 2013 la licitación pública para la contratación multianual del servicio subrogado de 110 grúas equipadas para el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2016, es decir, que terminó hace 3 días, y se desconoce totalmente el destino que han tenido los 237 millones de pesos anuales recaudados por servicios de grúa y almacenaje de vehículos, y que tan sólo por ese contrato ascienden a 711 millones de pesos”, precisó.
No sabemos en dónde está ese dinero, acotó, pero lo que sí sabemos es que los capitalinos están hartos de este mecanismo recaudatorio, que genera muchísimas molestias y que muy poco abona para el ordenamiento de las vialidades.
Por ello, señaló que los Senadores de Acción Nacional que formarán parte del Constituyente de la Ciudad de México promoverán que en la Constitución local queden plasmadas: las bases del sistema local de transparencia; las bases del sistema local anticorrupción; el procedimiento para la revocación de mandato, tanto para el Jefe de Gobierno como para los alcaldes; y el mecanismo legal más moderno en materia de responsabilidades de los servidores públicos.