Pide PRI informe sobre investigaciones de gobierno panista en Sonora

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Luego de que la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2014 detectara irregularidades de casi seis mil 288 millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés Elías en Sonora, el PRI en el Senado exigió al en el Gobierno de la entidad un informe detallado de las acciones legales y administrativas emprendidas en contra del exgobernador y servidores públicos de su administración. 

“Existen denuncias, ampliamente conocidas, por presunto desvío o uso indebido de recursos públicos en contra de diversos funcionarios de primer nivel que formaron parte de la administración del exgobernador y que incluso, sobre el mismo extitular del Poder Ejecutivo hay acusaciones de lavado de dinero” destacaron legisladores priístas.

 

En un comunicado, senadores enunciaron que, en el ámbito educativo de Sonoraen el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior se revela que en diversos fondos y subsidios relacionados con este sector existe un probable daño o perjuicio de más de mil 123 millones de pesos.

 

Por ello, la bancada tricolor en la Cámara Alta pidió a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora un informe sobre las investigaciones realizadas respecto a la presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación de ese estado.

 

“Agustín Antonio Padrés, primo hermano del exgobernador de Sonora, quien fue subdirector adscrito a la Dirección General de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del estado, organizó una red de cuatro maestros y una secretaria, con quienes “vendía” plazas laborales de maestro, prefecto y conserje. La afectación patrimonial asciende aproximadamente a la cantidad de un millón 213 mil pesos”, aseguraron.

 

Por último, los priístas detallaron que l situación resulta muy grave que incluso, el actual secretario de Educación y Cultura de Sonora, Ernesto de Luca Hopkins, ha declarado que la administración de Guillermo Padrés “desfalcó” a la dependencia con 2 mil millones de pesos, y que en esos seis años se desviaron recursos a obras de “relumbrón”, no urgentes o prioritarias.

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