Después de la detención de Rubén Nuñez y Ginez y Francisco Villalobos Ricardez, líderes de la sección 22 de Oaxaca encarcelados en Hermosillo, Sonora, por lavado de dinero y robo calificado respectivamente, ya hubo reacciones debido a estos hechos que para algunos es un “castigo merecido” y para otros una forma de sacudirse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que tenía al Gobierno federal “negociando contra la pared”.
Desde el domingo y hasta el día de ayer se han realizado demostraciones de apoyo a los líderes magisteriales; este lunes un pequeño contingente de maestros agremiados se reunió por la mañana frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) y exigió la liberación de Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, mientras que en Chiapas los maestros bloquearon la salida poniente de la capital del estado a la vez que organizaciones sociales campesinas y comités de padres de familia bloquearon otros tramos de la Costa, Altos y región fronteriza del estado.
Además, durante todo el día diferentes actores políticos se han pronunciado respecto al tema, por ejemplo Juan Melchor, integrante de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora señaló que “el intento del Gobierno federal para descabezar a la CNTE, es vano y lo seguirá siendo”; “el liderazgo no es de una persona en la CNTE, es colectivo” “no aceptamos que nuestros representantes sean ladrones de cuello blanco”, dijo Melchor y añadió que “podemos demostrar con los talones de cheques” “los verdaderos delincuentes se encuentran en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Juan Díaz de la Torre”.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se declararon en estado de “alerta máxima” tras la captura de sus líderes magisteriales, advirtieron que a 30 días del movimiento magisterial en Chiapas, no cederán ni un paso atrás y que están resueltos a enfrentar a las fuerzas estatales y federales que se encuentran en esta entidad.
Por su parte, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, indicó que “existen 24 órdenes de aprehensión pendientes” contra líderes de la CNTE por “diversos hechos”. Higuera se limitó a decir respecto al caso de Rubén Nuñez que se han encontrado “numerosas cuentas bancarias”, y destacó que algunas denominaciones tenían que ver con el objetivo de las mismas.
En el caso de Francisco Villalobos, se la imputan delitos como robo agravado, específicamente de libros de texto y 310 mil pesos en efectivo, “en un evento ocurrido allá, en Oaxaca”, delito por “el que ya han sido aprehendidas otras tres personas más”.
En este contexto, el líder de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que Morena apoya la lucha magisterial contra la reforma educativa, por lo que se nombró una comisión integrada por Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján, Rocío Nahle, Salomón Jara, Irma Sandoval y Martí Batres para que defiendan, política y jurídicamente, a los maestros encarcelados, incluyendo al secretario general de la Sección 22, Rubén Núñez y el de Organización, Francisco Villalobos, dicha comisión ya opera con la Coordinadora desde el campamento de la Ciudadela.
Sin embargo, Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, ha exigido al presidente nacional de Morena, AMLO, que explique porqué defiende a presuntos “delincuentes” y cuál es su relación con ellos. Asimismo, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación señaló que “no tienen nada que ver con el tema magisterial, es un tema de desviación de recursos que están acreditados o están acreditando con la PGR y que por eso actúo en consecuencia esta institución”, “a quienes quieren mezclarlo con un tema de otra índole, meramente político, están totalmente equivocados”.
Por otro lado, Miguel Ángel Mancera ha señalado rotundamente que la Ciudad de México no quiere ser escenario de confrontaciones, ni de brotes de violencia, “la verdad lo que leo y la información que tenemos es que hay causas legales; lo único es que se respete el Estado de derecho, que se den todas las garantías procesales como en cualquier otro caso”.