Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la inclusión de las personas morales y físicas que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas para que tengan que presentar su declaración "Tres de Tres", es decir su declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses "resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica".
En comunicado el organismo empresarial, advierte que "lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción".
Ya que dicen, existen más de cien mil empresas registradas en Compranet y como viene la ley, sus directivos e incluso sus empleados deberán presentar declaración por su relación con el Estado en proveduría.
Añade: "la redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas – que son cientos de miles- tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del Estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas".
Esta cantidad de información es imposible de procesar, no es útil para los fines de la prevención de la corrupción, e invade innecesariamente los derechos de las personas
La medida incluida a última hora en el debate y discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, para Consejo, " nunca fue un tema de debate la inclusión de la obligación de presentar 3de3 por parte de personas físicas y morales, en los grupos de trabajo con las diferentes bancadas. En ningún momento fue presentada a los legisladores ni a la sociedad una propuesta de redacción, ni su justificación y alcances. Queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad".
Reiteraron que "la corresponsabilidad del sector privado en el fenómeno de la corrupción sí está contemplada y sancionada severamente dentro de la Ley 3de3. Incluso, tras las discusiones en el Senado se creó un capítulo especial en donde se establecen sanciones específicas y se tipifica la actuación de particulares y su vinculación en faltas administrativas graves como soborno, tráfico de influencias, colusión". Citaron los artículos de la ley aprobada (artículos 65 al 72).
Para los empresarios organizados, esto ya está en normas anteriores subrayan en el comunicado: "en las reglas de contratación pública, adicionalmente, se pueden establecer requisitos para que las empresas se certifiquen en las mejores prácticas internacionales de ética e integridad. Desde el CCE, hemos impulsado mecanismos concretos para capacitar y certificar a las empresas en este sentido".
Finalmente refrendan su "compromiso con el combate frontal a la corrupción y por un sistema nacional anticorrupción verdaderamente eficaz. Llamamos a los actores políticos a actuar con responsabilidad y racionalidad para conseguir este objetivo".