Luego de que el día de ayer, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, y el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Salvador Sandoval, hicieran la presentación de dos acciones de inconstitucionalidad contra los congresos locales de Quintana Roo y
Veracruz en conferencia de prensa en Los Pinos, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto.
Incluso la acción va en contra de los mismos gobernadores por las normas avaladas en días anteriores por los congresos de Quinta Roo y Veracruz para blindar las administraciones de Roberto Borge Angulo y Javier Duarte de Ochoa, respectivamente, que se destacó en la conferencia de prensa, “se consideran violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Ambas acciones de inconstitucionalidad, comentó el representante de la PGR se realizan porque “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”, por ello, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, calificó como positiva dicha acción.
El diputado presidente pidió a la SCJN actuar de manera urgente y responsable para emitir una opinión y se pueda resolver ese tema, “que la SCJN actúe sin apresuramientos, para no incurrir en superficialidad, pero sí con la premura que el caso amerita” comentó el legislador.
Con esto, agregó Zambrano Grijalva, se busca que la SCJN advierta que dichas entidades carecen de facultades para crear sistemas locales anticorrupción y que no pueden nombrar funcionarios en la materia, y para que esta acción no quede “como un símbolo de impunidad”.
Por último, recalcó que “sería saludable que, junto con la acción de inconstitucionalidad, la PGR acelere sus investigaciones sobre las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre posibles y muy casi seguros desvíos de recursos público por parte del gobierno de Javier Duarte en Veracruz”.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, afirmó que estas acciones deben ser un primer paso para impedir que las responsabilidades en las gestiones de Javier Duarte y Roberto Borge Angulo no queden impunes, “se requieren medidas integrales, porque las acciones de inconstitucionalidad no los eximirán de responsabilidades que resulten de sus gestiones”, agregó.
Dicha acción atiende solo una parte del problema en ambas entidades, comentó el legislador, pero hizo un reconcomiendo al Gobierno federal por haber atendido las exigencias del PAN de poner un alto a los “paquetes impunidad”.
Por último, el senador recordó que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas aún no han sido promulgadas por el Ejecutivo federal, por lo que las reformas y los nombramientos de funcionarios (fiscales especiales, contralores y magistrados) impulsados por Javier Duarte y Roberto Borge son violatorios de ese mandato constitucional, y agregó que queda pendiente el caso de Chihuahua, donde el gobernador César Duarte promovió también acciones legislativas para “cubrirse la espalda”.