A principios del mes de julio, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Clemente Castañeda Hoeflich envió a todos los grupos parlamentarios una invitación para unirse a la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas que forma parte
del, ahora ya promulgado, Sistema Nacional Anticorrupción.
Al respecto, la bancada del PRD en dicho órgano legislativo anunció la adherencia a dicha acción, por lo que el diputado Omar Ortega Álvarez declaró que se insistirá en hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal, y de intereses en los términos originales en que fue planteado por la iniciativa ciudadana 3 de 3.
“Lamento la ausencia en el mensaje presidencial de un exhorto a los funcionarios que integran su administración a hacer públicas sin pretextos, sus tres declaraciones” comentó Ortega Álvarez y consideró que hubiera sido un gesto de auténtica voluntad para avanzar en el combate a la corrupción.
El también líder del Sol Azteca en el Estado de México, afirmó que a este primer paquete de legislación anticorrupción deberá seguirle un segundo durante el próximo periodo de sesiones que incluya reformas a leyes como la de Obras Públicas, Adquisiciones, General de Archivos, Datos personales, entre otras que ya se trabajan en el Congreso.
Por ello, desde la bancada del PRD, afirmó el legislador se buscará también sacar adelante la iniciativa para reformar el fuero legislativo a efecto de que esta figura no se convierta más en un instrumento de impunidad.
“Con una legislación que sancionará la omisión de los diputados para actuar como verdaderos contrapesos de los gobernadores, casos como los de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo nunca hubieran llegado al exceso que estamos constatando”, sentenció.
Por su parte, la diputada perredista Ivanova Pool, consideró que el SNA no es suficiente para frenar la corrupción e impunidad que prevalece en el país y el hecho de la falta de ajustes al Artículo 29, para incluir la propuesta ciudadana, “el ejecutivo colocó candados que frenan el avance de la transparencia y continuarán con las prácticas de opacidad y simulación” finalizó.