Después de que el presidente nacional del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza solicitará vía legisladores de su partido, que la Mesa Directiva del Senado solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera prioridad a las acciones de inconstitucionalidad contra gobernadores de Quintana Roo, Chihuahua y
Veracruz; el martes por la noche el titular de dicho órgano legislativo, Roberto Gil Zuarth, hizo llegar el documento a dicha instancia.
En conferencia de prensa, el senador Arturo Zamora Jiménez dio a conocer dicha acción y afirmó que los legisladores del PRI de ambas cámaras, se congratulan por la entrega del documento a la SCJN, en el que se pide que se tome a consideración el asunto y se dé prioridad en las resoluciones a este tipo de temas.
“Nos complace que el propio presidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth, haya dado un cauce prácticamente en los mismos términos de prioridad, a esta solicitud que el lunes pasado” aseveró el senador.
Por otra parte, el legislador tricolor reconoció que dicho trámite está previsto en la Constitución, por lo que sí se deberá hacer caso del documento y afirmó que se debe atender porque se aproximan los cambios de gobierno en dichas entidades.
Al ser cuestionado sobre una posible “cacería de brujas” de gobernadores priístas, Zamora Jiménez recordó que el presidente del partido, cuando tomó posesión dijo que se debe combatir la corrupción, y “el combate a la corrupción va en serio; debemos promover la transparencia y la rendición de cuentas” agregó.
Sobre el anuncio de la Procuraduría General de la República del inicio de la investigación sobre el gobernador veracruzano, Javier Duarte Ochoa, el legislador priísta afirmó que esas son cuestiones de carácter jurisdiccional y que el partido no interfiere.
“Debemos decir claramente que nosotros no interferimos, pero reconocemos que dos gobernadores, de Quintana Roo y de Veracruz, plantearon formalmente solicitarle a los legisladores de estas entidades dar marcha atrás a los actos que motivaron las acciones de inconstitucionalidad. Esto, por supuesto, también es bienvenido” detalló.
Por su parte, el también priísta, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que todos los legisladores del tricolor respaldan la investigación de la PGR, “porque eso es lo que se necesita; no declaraciones, ni gestos políticos, sino la acción de la autoridad responsable”.
“Le piden al PRI que investigue, pero el PRI no es instancia investigadora; pero, si el PRI impidiera estas investigaciones, haría muy mal. Así que el PRI está totalmente de acuerdo en que cuando cuente con elementos o indicios la Procuraduría, actúe en los términos que está obligada” reiteró el diputado federal.
Sobre la posible expulsión del actual gobernador de Veracruz, el legislador comentó que no puede anticipar ninguna decisión y recalcó que el PRI no debe actuar con falta de seriedad en estos asuntos.
“Insisto, la lucha anticorrupción no necesita gestos políticos, necesita la acción, la verdadera acción de la autoridad responsable. El principal gesto del PRI es no obstaculizar, sino al contrario, exigir la actuación de esa autoridad” finalizó Ramírez Marín.
El pasado lunes 25 de julio, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza solicitó al grupo parlamentario de dicho partido en el Senado a que exhortaran a la mesa directiva del Congreso de la Unión para que la SCJN diera prioridad al asunto y fueran substanciadas dichas acciones de inconstitucionalidad.
Esto, después de que la PGR presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, por querer crear fiscalías que “cubrieran” el estado de sus gobiernos, aun cuando no habían sido promulgadas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ese día, el líder nacional aseguró que con la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el PRI reafirma su compromiso con los gobernantes honestos, con las acciones en materia de combate a la corrupción y con el servicio público de calidad que exige la ciudadanía.