Durante el pleno del Senado de la República, se afirmó que la Reforma Educativa es un golpe de Estado, debido a que “la implementación de la misma, se realizó por vías no constitucionales ni democráticas, sin respaldo en la soberanía popular, así lo comentó el coordinador de la bancada del PT-Morena, Manuel Bartlett Díaz.
“La Reforma Educativa fue un golpe de Estado. Los golpes no sólo los realizan militares, también los titulares del poder político, funcionarios públicos, poderes fácticos, y congresos. Lo que define al golpe lo determina la instauración de un poder o el rompimiento constitucional por vías no constitucionales ni democráticas, para establecer una nueva legalidad o práctica política contraria a los principios que fundan la Constitución” aseveró el senador.
Por ello, Bartlett Díaz presentó una iniciativa para la abrogación total de la Reforma Educativa, por “no responder ni garantizar plenamente los principios tradicionales del Artículo tercero constitucional” comentó.
“Esta reforma fue aprobada violando todos los procedimiento parlamentarios para imponer a los mexicanos un proyecto extranjero definido por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial y tiene una evidente finalidad laboral, administrativa y punitiva en contra del gremio magisterial”, acusó el legislador.
Ante dicha iniciativa, el senador del PT-Morena enlistó tres puntos fundamentales por los que, a su opinión, se debe abrogar la reforma. El primero es porque, dijo el legislador, lesiona la obligación de garantizar educación y transforma el sentido de la educación mexicana que busca el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En segunda instancia, comentó el senador que no respeta los derechos laborales adquiridos del magisterio; y por último porque no aporta nada nuevo a los objetivos y necesidades de la educación mexicana, como garantizar el carácter público, obligatorio, laico y gratuito de la educación mexicana.
El también ex Secretario de Educación Pública, agregó que la Reforma Educativa promueve la privatización: los libros de texto, la elaboración de planes y programas de estudio, la construcción de espacios educativos, la formación de maestros y los cursos de recuperación ya están entregados a la iniciativa privada, así como la supuesta consulta para el modelo educativo.